Cristina Murgueitio: Tenemos contrabando y productos falsos en el sistema público de salud

Más del 70% de los proveedores de dispositivos y equipos para el sistema público de salud que trabajaron con el Sercop entre 2010 y 2017 no estaban registrados ante la agencia reguladora Arcsa, reveló la presidenta ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio.En una entrevista con EL UNIVERSO, la representante de Asedim explicó que después de una consolidación realizada por el gremio, que agrupa a 37 importadores y comercializadores, descubrieron que en las licitaciones del sector público no se exigían los requisitos contemplados en la Ley Orgánica de Salud, sino solo el RUP (Registro Único de Proveedores). Es por ello que el pasado 18 de octubre, Itamar Rodríguez, ministro de Salud subrogante, envió una comunicación a los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la seguridad social de la Fuerza Pública, para recordarles la normativa y pedir que denuncien la oferta de estos proveedores ante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), ¿A cuánto asciende el mercado de dispositivos médicos en Ecuador y cómo se divide? No existe información específica, tenemos información de las diez partidas arancelarias más importadas. Hemos hecho una consolidación, en 2017 ese mercado fue de $ 459 millones, que incluye una sola compra por $ 75 millones por parte del IESS. Mientras, en 2016 fue de $ 353 millones. Los afiliados a Asedim manejan el 59% de ese mercado, sin tomar en cuenta la compra del IESS. ¿Existen problemas de contrabando? Sí y estamos forzando una mesa de trabajo con las instituciones públicas. Tenemos entregas de contrabando y productos falsos en el sistema nacional público por la subasta inversa. Pero el Arcsa señala que las comercializadoras deben registrarse. Eso dice la ley, pero nosotros pedimos a Compras Públicas (Sercop) que nos dé información sobre adquisiciones de dispositivos médicos y equipos, nos dieron 38.000 procesos de los últimos ocho años hasta enero de 2017. Son alrededor de 1.560 proveedores adjudicados, y cruzamos con la base del Arcsa. No llegamos ni al 30% de los proveedores que cumplen con el licenciamiento farmacéutico, entonces es un serio problema. ¿El Sercop no le exige al proveedor la licencia y los cetificados de Arcsa? Para participar en una subasta de dispositivos médicos solo debo tener el Registro Único de Proveedores otorgados por el Sercop. Hoy se puede sacar el Rup con copia de un pasaporte, pues el objetivo es abrir la participación a todos los proveedores. La competencia es por precio, gana lo más barato. El Sercop se defiende diciendo que son los hospitales los que deben verificar la información, pero hemos tenido casos de entrega de lotes de productos contrabandeados o falsos usando los Registros Sanitarios de las compañías registradas legalmente. ¿Han denunciado estos casos? Tuvimos un caso en el que la directora del laboratorio recibió el producto importado, abrió una caja porque eran tirillas de laboratorio, pero en lugar de 10 colores, tenía once. No lo recibió, pero se quedó con una caja. Lo envió a casa matriz, que hizo el análisis y era falso. La Fiscalía quiere que pongamos denuncia particular, pero el importador ya no tiene la caja porque la envió al fabricante. El producto sigue en el hospital y la investigación sigue esperando. ¿Cómo evalúan el trabajo del Arcsa? Ha sido un trabajo conjunto con Asedim y ha existido muchísima apertura. Su capacidad instalada todavía no es la que se necesita porque es una agencia regulatoria que tiene que trabajar tanto en el ingreso de productos como en el control posterior. Se hizo una construcción colectiva de la normativa, porque es la industria la que tiene el know-how. También hemos insistido en que se separe la farmacovigilancia de la tecnovigilancia, que es para dispositivos. ¿Por qué no existe mayor información de reportes sobre dispositivos defectuosos o de retiros del mercado? La regulación no es muy clara, los llamados recalls están en la normativa sobre almacenamiento. El comercializador debe reportar al Arcsa en caso de recibir una notificación, los hospitales también. El formulario no tiene un número y así no se puede dar un seguimiento. La norma es un reto para el país porque sobre el dispositivo médico con falla, existe una línea muy fina entre la mala práctica médica y el mal uso de un dispositivo, por ello deben existir protocolos diseñados en hospitales. Esa información debería ser pública para que los doctores y pacientes la consulten. Deberían hacerlo. Y se debería empoderar al ciudadano. El ejercicio del control posterior debe ser fortalecido, completamente. ¿Han tenido juicios por fallas de dispositivos? No, las instituciones no conocen lo que es la Tecnovigilancia, los pacientes tampoco son exigentes. Otro de los problemas es que el médico nunca va a decir que hizo mala práctica médica, va a decir que el dispositivo es defectuoso. (I)

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