El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, solicitó a la Contraloría realizar un examen especial al Contrato 2016063 suscrito entre EP Petroecuador y la empresa privada Gasvesubio Export (de propiedad del grupo Eljuri), el 28 de enero de 2016. El pedido se lo hizo el 21 de agosto pasado y la entidad respondió el 18 de septiembre, indicando que el requerimiento ya ha sido enviado a la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales.
El contrato fue firmado por Andrés Racines Tobar, entonces gerente de Comercialización Nacional y actual jefe de Soporte Técnico de Negocio de EP Petroecuador, por delegación del entonces gerente Álex Bravo (condenado a prisión por hechos de corrupción). Desde la empresa Gasvesubio firmó Johnny Almache Carrión, su gerente general en esa fecha.
El objetivo del contrato era que EP Petroecuador entregue gas natural a la comercializadora privada que mantiene su planta justamente al frente de la planta de licuefacción de Bajo Alto. A su vez, Gasvesubio comercializaría ese combustible (unos 14 millones de pies cúbicos) y colocaría a empresas locales que lo usan para su producción, entre ellas, empresas de cerámica.
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Sin embargo, el contrato y construcción de la planta mantendrían problemas legales que ahora serán analizados por Contraloría.
La construcción de la planta, que data del 2009, no fue aprobada a través de un decreto presidencial, como dicta la Ley de Hidrocarburos, sino solo por un acuerdo ministerial.
El artículo 3 de la norma dice que actividades de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos que sean realizadas por las empresas privadas deberán contar con “autorización expresa del presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, previo a informe del Ministerio del ramo”. Pese a ello, el 2 de octubre de 2009 el entonces ministro Germánico Pinto firmó la autorización.
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Entre tanto, la edificación de la planta Gasvesubio ha demorado más de 9 años por problemas con la empresa constructora Ros Roca, que es la misma que construyó la planta de licuefacción de Bajo Alto de Petroecuador, la cual ha presentado hundimientos.
Dentro del proceso la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) recién pudo confirmar la existencia de la fiscalizadora en agosto de 2017. Ahora se conoce que dicha empresa es la española CGM (Casa Grande Motor), aunque esta recién se domicilió en el país en febrero de 2018.
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Esa compañía tiene como apoderado a Álex Gustavo Fiallos, exempleado de Petroecuador, y luego administrador del contrato con Ros Roca para Bajo Alto de Petroecuador.
El contrato era por cinco años, pero ya han pasado tres sin que este se concrete.
La solicitud de análisis llega en momentos en que el gerente de Petroamazonas EP, Álex Galárraga, ha dicho que piensa importar gas de Perú, pues no existirían suficientes reservas en Campo Amistad para cubrir la demanda de al menos tres potenciales clientes: TermoMachala (63 millones de pies cúbicos), Bajo Alto (12 millones) y Gasvesubio (14 millones). (I)
Campo
Amistad
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Ronda
La licitación del Campo gasífero Amistad no tuvo éxito, La idea era que una operadora privada pudiera mejorar su producción. Sin embargo, no hubo empresas que entregaran sus ofertas en firme, dijo Petroamazonas EP.
Gasvesubio
Este Diario buscó la opinión de Christian Chávez, gerente de Gasvesubio, sobre el examen de Contraloría, pero no obtuvo respuesta.
