Tras un fuerte deterioro durante el gobierno de Rafael Correa, la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil (sindicales, ambientalistas, indígenas, gremiales, fundaciones, etcétera) se encuentra en medio camino: si bien todas destacan los diálogos anunciados por el presidente Lenín Moreno, cada sector tiene exigencias –especialmente de orden legal– que no han cambiado.