En su primera reunión, sin su presidente Julio César Trujillo por enfermedad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS) resolvió este miércoles destituir de sus funciones al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa Hernández.

El CPC transitorio reconoció el informe de la Contraloría que determinó responsabilidades administrativas del funcionario cuando fue director de noticias de Gamatv (ahora Gamavisión).

La Contraloría predeterminó responsabilidad culposa de Ochoa tras investigar los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol que firmó Gamatv entre el 1 de enero de 2010 y 30 de abril de 2016.

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El @CPCCS de transición decide destituir a Carlos Ochoa de la @SuperComEc por el informe de la Contraloría del Estado sobre la administración de GamaTV @eluniversocom pic.twitter.com/bPMY3OJB4O

El consejero Pablo Dávila informó que la decisión de los consejeros fue unánime y que iniciarán el concurso para designar al nuevo titular de la Supercom.

El Consejo de Participación tiene la atribución de nombrar y destituir a muchos de los más altos funcionarios públicos, entre ellos el fiscal, el contralor y el procurador.

La decisión del CPC transitorio se cumple atendiendo los plazos dispuestos en el anexo de la pregunta 3 del referéndum, que indica que el CPC transitorio evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (cesado) en el plazo de seis meses desde su instalación, "pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos".

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El consejero Pablo Dávila, del @CPCCS transitorio, informó que la decisión fue unánime y que iniciarán él concurso de designación del nuevo titular de la @SuperComEc. Así se definió la resolución. pic.twitter.com/2QDqTYhfnc vía @sugeyhajjar

Ochoa deberá comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional el próximo 12 de marzo,  dentro del proceso de juicio político en su contra. La Comisión de Fiscalización aprobó el pasado lunes el informe en el que llega a la conclusión de que incumplió sus funciones como superintendente, por lo que existen elementos suficientes para determinar su responsabilidad política.

Los legisladores lo han calificado como gestor de arbitrarias y reiteradas multas económicas presuntamente derivadas de la Ley de Comunicación aprobada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien consideraba a los medios como sus enemigos políticos. (I)