Empresas de medicina prepagada buscan opciones legales para evitar la facturación bajo el nuevo sistema de copago y detener la obligación de nueva capitalización, medidas que constan en la Ley de Medicina Prepagada y que para los representantes de esas empresas podrían generar la quiebra, mayor desempleo y menor atención de salud. En julio de 2017 las empresas reconocidas por la Superintendencia de Compañías eran 25, hoy son solo 18.

Por ello pidieron ayer al presidente Lenín Moreno, en una carta, que reforme el reglamento a la ley deteniendo el copago y la capitalización. Y esperan una respuesta.

Patricio Avilés, representante legal de Ecuasanitas, dijo que el pedido se hizo tras algunas reuniones previas con asesores de Presidencia.

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Pablo Albuja, de Humana, explicó que esta semana han mantenido reuniones con la superintendenta Soad Manssur y con Jaime Garzón, del Consejo Directivo del IESS, para exponerles sus inquietudes.

La capitalización ha exigido a las empresas que cumplan con $ 1 millón de capital; pero este piso ha hecho que varias ya hayan entrado en liquidación. Siete de ellas por problemas previos y no poder cumplir ese monto. La Superintendencia les había indicado que no es posible ampliar los plazos, mientras que el IESS se ha comprometido a corregir el informe sobre utilidades del sector que fue la base para aprobar la ley.

El monto total de copago en un año podría llegar a $ 90 millones ($ 70 millones correspondientes al IESS y $ 20 millones al Ministerio de Salud). Esto es al menos siete veces mayor que las utilidades que obtuvieron las empresas en 2015 ($ 12 millones). Según Roberto Aspiazu, este sistema de copago resulta un fraude para el afiliado que paga doble y si se atiende en el sistema público le van reduciendo el cupo de su seguro privado. El IESS ya realiza la prefacturación, pero no se ha concretado pues no existe la norma adecuada. (I)