El juez de lo penal del Azuay, José Peralta, dictó esta tarde el sobreseimiento a favor de exfuncionarios de la empresa municipal ETAPA luego de determinar que no existe delito. Desde la Fiscalía y el Servicio de Contratación de Obras se los acusó por el presunto delito de tráfico de influencias al otorgar un contrato de $ 10´666.209 a un consorcio cuyos integrantes son parientes de los directivos de ETAPA.