El Gobierno accedió a revisar el contrato de concesión del consorcio turco Yilport, que maneja el puerto marítimo de Puerto Bolívar (El Oro) desde agosto del 2016, a través de una alianza público-privada.

Así lo afirmó la tarde de ayer Paúl Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), tras una reunión mantenida con el alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar, el asambleísta Carlos Falquez Batallas (PSC) y representantes del sector bananero.

La reunión se planteó para hallar una solución a la queja del sector bananero orense por la intención de Yilport de incrementar de $ 0,15 a $ 0,24, en el 2018, la tasa que se cobra por el uso del puerto por cada caja de banano, y a $ 0,28 en el 2019.

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Pese a los resultados de la cita, los bananeros realizarán hoy una manifestación en contra del consorcio turco, como protesta hacia esta empresa, aseguró el alcalde de Machala.

En el encuentro también estuvieron los ministros de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, y de Comercio Exterior, Pablo Campana; además del secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas.

“Hay que analizar el contrato, y si las cosas no se están dando es que hay algún problema que hay que resolver”, expresó el ministro Granda ayer a su salida del ECU-911 de Machala, lugar en donde se realizó la reunión que duró cerca de tres horas. Adelantó que la revisión será integral y abarcará términos jurídicos y financieros.

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Además, anunció la creación de una comisión conformada por productores, exportadores, Yilport y la Alcaldía de Machala bajo la supervisión del MTOP, para “definir a corto plazo un acuerdo operativo para que no se perjudique a la exportación y a los productores”. Aseguró que la tasa que deberá regir en lo que queda del 2017 y el 2018 debería definirse entre esta y la próxima semana.

En tanto, hasta que la comisión resuelva el valor de las tarifas, explicó Falquez, se planteó que esta se mantenga en $ 0,15. Se prevé que hoy el sector bananero y Yilport mantengan otro acercamiento.

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En un comunicado, Yilport señaló que “en la etapa inicial ha invertido $ 13 millones en estudios...” y otras regulaciones para optimizar los servicios que presta la terminal. “Entendemos que para algunos exportadores de banano, la transición de pasar de un puerto público a un puerto publico-privado les ha causado malestar”, señala.

Agregaron que “resulta difícil obtener una tabla comparativa y uniforme de las tarifas de todos los puertos, puesto que el modelo operativo, técnico y de servicios es diferente en cada uno de ellos”. Esto, como argumento para cobrar una tasa más alta que otras terminales. (I)