882 casos de violencia y delitos sexuales registra el Ministerio de Educación entre el 2014 y el 2017

Entre el 2014 y el 2017, el Ministerio de Educación tiene registrados 882 casos de violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo del país.Uno de estos casos es el ocurrido en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil , plantel intervenido de forma integral el jueves, con base en el Acuerdo Ministerial 87. Allí se han detectado diez casos por delitos sexuales.De los 882 casos, 561 corresponden a situaciones vinculadas al sistema educativo, entre los que están: docentes, administrativos, estudiantes y otros. Al momento existen 463 sumarios administrativos.El ministro de Educación, Fander Falconí, señaló que en todos los casos se ha procedido con la suspensión de funciones, aunque Marcelo Jaramillo, coordinador jurídico, aclaró que con los estudiantes se toman otro tipo de medidas.Falconí no descartó que existan más casos, pero aclaró que estos son los denunciados.Los 321 casos restantes corresponden a casos fuera del sistema educativo, en los que están involucrados parientes, amigos, conductores y otros.Falconí sostuvo que en el caso del Aguirre Abad hubo omisión, irresponsabilidad y negligencia por parte de las autoridades del plantel que significó la fuga de los implicados.Según el Ministerio, el Departamento de Consejería Estudiantil del plantel intervenido entregó dos informes el 30 de mayo y el 6 de junio alertando sobre indicios de responsabilidad de un docente.Estos documentos fueron entregados a la rectora, quien no intervino como debía.La rectora remitió el informe a la Dirección del Distrito, cuya directora devolvió el trámite a la institución educativa. Falconí dijo que hubo omisión en la directora del Distrito, por lo que se dispuso su separación.El acuerdo ministerial para la intervención de la institución contempla la valoración psicológica a los niños, que el Departamento de Consejería dé atención a las víctimas de los abusos y brinde acompañamiento a los padres. Además, que se inicien los procesos administrativos sancionatorios en contra de los autores, cómplices y encubridores.“Deberán hacer el seguimiento correspondiente a todas las actuaciones e intervenir de ser necesario en defensa del interés público de la educación del interés superior del niño”, dice el acuerdo.En ese documento se ratificó a Néstor Loor como interventor y deberá brindar todas las facilidades a la Fiscalía y demás autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.Jaramillo agregó que son necesarias reformas al Servicio Público y al Código Administrativo para que este tipo de actos no prescriban a nivel administrativo. De esta forma, los casos se podrían reabrir en cualquier momento para profundizar en las investigaciones. (I) Pruebas El sistema educativo público tiene 144 mil profesores y más de 20 mil a contrato, para cuatro millones y medio de estudiantes. Se han ordenado pruebas psicométricas para todos los docentes: los que son parte del magisterio y los que entran bajo la modalidad de contrato. Luego del caso Ampetra también se dispuso que se realicen las pruebas psicométricas en las instituciones educativas del sector privado.

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