En varias ocasiones hemos mencionado que el dinero electrónico constituye una de las herramientas que promueven la “inclusión financiera”. Esta actividad busca dar acceso y uso a los servicios y productos financieros a la población que ha sido excluida de estos (ya sea por encontrarse en condición de pobreza, alejamiento geográfico o discapacidad), acompañando este proceso de educación financiera y protección al consumidor.
Un estudio de GSMA Mobile for Development Foundation Inc (enero 2016) señala que el modelo ecuatoriano para los servicios financieros móviles tiene un enfoque político, debido a que el Banco Central del Ecuador (BCE) se constituyó como el único emisor de dinero electrónico, mientras que, en forma general, los bancos centrales no ofrecen normalmente servicios bancarios minoristas. En América Latina y el Caribe, a pesar de estar distantes de los resultados obtenidos en el África subsahariana, en materia de dinero electrónico, en años recientes se ha progresado con modelos inclusivos financieramente para las poblaciones de bajos ingresos, a la fecha existen 37 servicios de dinero móvil en 19 mercados.
Es una buena noticia que el presidente Lenín Moreno haya decidido avanzar con una reforma legal que corrija el equivocado enfoque del Gobierno anterior y robustezca esta herramienta en forma técnica, lo cual implica la revisión del artículo 101 (entre otros) del Código Orgánico Monetario y Financiero (expedido en septiembre de 2014), en el cual se indica que “la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador” (BCE). Aspecto que además permitirá clarificar el marco legal para generar confianza en el dinero electrónico y facilitar su implementación por parte de las instituciones financieras tanto de la economía popular y solidaria (Ifeps) como bancarias. Hecho que contribuirá también a lo siguiente:
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(I) Reducir los costos de las golpeadas finanzas públicas, en la provisión de dinero en efectivo. Según el BCE, se espera que “se reduzca en USD 800 millones en el primer año y en USD 1.600 millones hasta el segundo año”. Costos que no hubiesen sido tales si hace seis años el dinero electrónico se impulsaba, cumpliendo las mejores prácticas, como un medio de pago en beneficio de los ciudadanos excluidos de los circuitos financieros.
(II) Mejorar las finanzas personales, reduciendo costos y tiempos en el pago de servicios, haciéndolo de manera segura y ágil desde el lugar en donde se encuentren.
La revisión de los aspectos legales, en el marco de los procesos de diálogo, permite avizorar un espacio de colaboración entre el sector público y el privado: entidades financieras populares, banca, universidades, entre otros, para promover un “ecosistema de pagos digitales”, que amplíe la cobertura, mejore la calidad y competencia de los servicios financieros, favorezca el uso y diversificación de medios de pago, permita un trabajo eficiente a los reguladores (JPMF y BCE), tal y como lo hemos venido mencionando desde el año 2011. Lo anterior, en el marco de una estrategia nacional de inclusión financiera, con un robusto pilar de educación financiera, para defensa de los consumidores de servicios financieros, especialmente de los más pobres.(O)
