La Asamblea acaba de aprobar la denuncia de doce tratados bilaterales de inversión (TBI) por ser inconstitucionales ya que permiten los arbitrajes internacionales para la resolución de disputas (lo cual está reñido con el artículo 422 de la Constitución). Sin embargo, el Código de Planificación de las Finanzas Públicas deja abierta la puerta para este tipo de arbitrajes calificados como inconstitucionales.