Por el presunto delito de lavado de activos, Byron P. fue sentenciado a nueve años de cárcel y el pago de 44 millones de dólares por multa dentro del caso denominado Pifogardens, en el que se investigaba el lavado de dinero con delitos marcarios (beneficios fraudulentos por movimientos tributarios) y por evasión tributaria.
Las investigaciones se iniciaron por denuncias realizadas por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador.
El fiscal del caso, Ramiro Sánchez, señaló que las once compañías involucradas en el ilícito habrían operado de esa manera entre el 2010 y mediados del 2012. En la audiencia que duró seis días, la Fiscalía habría comprobado que el origen del dinero ilícito era Ecuador, pues es en el país que se habría lavado $17 millones con delitos marcarios y $4,7 millones conseguidos por evasión tributaria.
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Según Sánchez, las investigaciones determinaron que "los procesados realizaban exportaciones de carbonato de calcio a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), elevando el precio hasta en un 1.000 % de su valor real".
El Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha dispuso también la extinción de la personería jurídica de Pifogardens, así como de diez empresas más relacionadas con esta. Además, el sentenciado tendrá la incapacidad perpetua para desempeñar empleos o cargos públicos o para cumplir funciones de dirección en las entidades del sistema financiero y de seguros.
Los procesados José S. y Ximena C. fueron declarados inocentes, pues no se habría comprobado responsabilidad penal, en relación al primer involucrado, mientras que contra la mujer no hubo acusación. Fiscalía adelantó que apelará la decisión que corresponde a José S.
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Dentro de la investigación, uno de los 31 testigos presentados por la Fiscalía habría explicado que los recursos provenientes de las exportaciones pasaban a través de una triangulación que empezaba con el ingreso del dinero proveniente de Venezuela a cuentas nacionales en las que permanecía aproximadamente 48 horas y finalmente salía a cuentas en Hong Kong, Antillas Holandesas y República Dominicana. (I)
