Tras conocerse el débito de 41 millones de dólares por parte del Ministerio de Economía al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la venta en febrero del 2010 de 66 lotes de terreno en los que ahora se asienta el Parque Samanes de Guayaquil, al Ministerio del Ambiente, surgen cuestionamientos.