El pleno de la Asamblea aceptó ayer la propuesta del Ejecutivo para que las empresas públicas extranjeras, “en garantía de la soberanía alimentaria”, puedan adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional y conforme al reglamento que se redacte.