A pesar de que Ecuador deberá pagar a la petrolera Occidental (Oxy) una millonaria indemnización por haber declarado, en el 2006, la caducidad de su contrato con el Estado, el procurador general del Estado, Diego García, insistió esta tarde, en entrevista en Radio Quito, en la legalidad de aquella decisión que, a su juicio, en ese entonces “era la única posible”.