Aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización plantea cobrar impuesto a la ganancia extraordinaria de dueños de bienes inmuebles que han aprovechado “el incremento de precios, ocasionado por la intervención del Estado, a través de diferentes obras”, en la práctica estaría gravando sin discriminar que los bienes hayan subido de valor por efecto de otros factores, como la inversión privada.