“La violencia basada en género es una problemática social profunda”, dice el médico psiquiatra ecuatoriano Andrés Román Jarrín, quien en junio de este año irá a recibir el premio Early Career Psychiatrist 2025, de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología, por el impacto de su labor en la salud mental.
Durante ese evento, Román presentará ante la comunidad médica japonesa el modelo de atención para víctimas de violencia basada en género en los centros de salud de Ecuador, que llegó a conocer durante su estancia en el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira, en Durán.
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“Si bien en Ecuador contamos con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública para brindar atención inmediata y movilizar recursos legales y sociales para la protección de las víctimas, muchas personas aún desconocen la existencia de este sistema y, por ende, no acceden a la ayuda disponible”.
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Considera esencial visibilizar este sistema de atención. “En nuestro país, la Constitución reconoce a las víctimas de violencia basada en género como un grupo de atención prioritaria. Esta violencia puede manifestarse de forma física, sexual, psicológica, y suele ocurrir dentro del círculo cercano de la víctima (familiares, parejas, amistades)“.
Además, el protocolo de atención también incluye a víctimas que sufren graves violaciones en sus derechos humanos, como pueden ser las personas en situación de vulnerabilidad, mujeres y hombres, ancianos, y a niños.
Un aspecto crucial es el diseño de las entrevistas a víctimas de violencia sexual para evitar la revictimización.
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Román explica que en Ecuador, el protocolo dictamina que la atención debe ser brindada por un solo profesional de salud, quien activará los recursos necesarios para asistir a la víctima.
“En los hospitales, al detectar un caso de violencia basada en género, se activa el Código Púrpura, que moviliza a un equipo especializado para una valoración y atención inmediata. La entrevista se realiza solo una vez, sin juicios de valor, priorizando la estabilidad emocional de la persona afectada. Además, el protocolo garantiza un espacio seguro y privado en los centros de salud, evitando el acceso del agresor y, si es necesario, solicitando resguardo policial”. (F)
