Aunque en marzo del 2022 el gobierno de Guillermo Lasso decretó que el deporte nacional era política de Estado, los recursos del Comité Olímpico Ecuatoriano, del Comité Paralímpico y de las federaciones ecuatorianas por deporte fueron recortados. No solo hubo disminución de presupuesto, sino que el dinero llegaba con atraso considerable. Los deportistas, en algunos casos, tuvieron que hacer rifas para asistir a competencias internacionales, los dirigentes federativos realizaron gestiones personales en entidades bancarias para financiar traslados fuera del país, o como en el caso de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el COE pagó sobre la hora del viaje los uniformes de los representantes tricolores.