La justicia francesa investiga un presunto caso de tráfico de influencias, que afecta a un ex vicepresidente de la Asamblea Nacional gala, que pudo maniobrar para que el Paris Saint-Germain (PSG) obtuviera ventajas fiscales en el pago de la cláusula de 222 millones de euros al Barcelona para fichar a Neymar en 2017.