Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Es la primera definición que el Diccionario de la Real Academia Española da a la palabra ‘desahucio’.
Junto con ‘crisis’ es uno de los vocablos más pronunciados en España en los últimos tiempos para hablar del desalojo de las casas de familias que no pudieron pagar sus hipotecas, su tercera acepción en el diccionario. Pero el drama ya se parece a la primera: en las últimas semanas causó dos suicidios de deudores desesperados y se volvió una avalancha imparable que hizo reaccionar al gobierno y al principal partido de la oposición, que el pasado jueves aprobaron algunas medidas para frenar los desahucios, pero bajo ciertas condiciones.
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Una seguidilla de eventos que en las últimas dos semanas pusieron otra vez rostro a las cifras. 532 desahucios al día en España, registra Ada Colau, vocera y fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Desde el 2010, las gestiones de la PAH han logrado detener unos quinientos de los 8.000 casos de desalojos que han tramitado dentro de la campaña Stop Desahucios y han recogido más de medio millón de firmas solicitando una reforma de ley hipotecaria, aunque sin respuesta todavía por parte de las principales fuerzas políticas, según Colau.
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Los desahucios se han convertido en la cara más dramática de la crisis económica en España, donde, desde el 2007, inicio de la crisis inmobiliaria, han causado el desalojo de unas 400.000 familias, entre las que están casi un 4% (15.000) de las de inmigrantes ecuatorianos.
Este drama social se originó a causa del desempleo que desde el 2007 ha ido en aumento. Pasó del 8,6% de ese año al 25% hasta octubre pasado, sumando ahora 5 millones de desocupados (afecta al 40% de los migrantes). A más del desempleo, el drama de las familias endeudadas se ha visto agudizado por las duras disposiciones de la Ley de Hipotecas española que establece que en el caso de que una persona no pueda pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la entidad financiera prestataria puede embargar la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda, con lo que la dación en pago (entrega de la vivienda a cambio de la deuda) no está contemplada en dicha ley.
Amparados por estas cláusulas, llamadas por los afectados ‘abusivas’, solo en el primer semestre del 2012 se han realizado 48.213 ejecuciones hipotecarias (paso previo al desahucio), un 14,1% más que en el mismo periodo del 2011, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Asimismo, el año pasado se efectuaron 77.854 ejecuciones y en el 2010 hubo 93.636 desahucios.
Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios de casas y locales llegaron en el primer trimestre del 2012 a 46.559 por la vía judicial. La Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España indica que solo en Madrid hay de 60.000 a 80.000 ecuatorianos a punto del desalojo. Muchos ya volvieron a Ecuador sin pagar.
Mientras que la PAH estima que España terminará el 2012 con más de 180.000 familias sin techo. Desde hace cuatro años la PAH, junto con los afectados, ha tratado de presionar al gobierno para que auxilie a las familias reformando la Ley Hipotecaria que data de 1946, pero sin resultados.
La PAH propone que se paralicen todos los desahucios de vivienda cuando sea de deudores de buena fe, que la dación en pago sea retroactiva (para los que ya les han quitado sus casas, pero siguen con la deuda), y que el parque de viviendas que acumulan las entidades financieras se convierta en un parque público de alquiler social.
Además, pide la dación en pago, la moratoria sin distinción de todas las viviendas habituales y de deudores que dejan de pagar por causas asociadas a la crisis, y el alquiler social de esas viviendas vacías.
Exige que estas soluciones lleguen a todos los afectados y no a una pequeña parte, no como plantean las medidas aprobadas el pasado jueves por el gobierno, según las cuales se suspenderán las ejecuciones por dos años, solo en casos extremos: familias numerosas, personas con discapacidad, enfermos impedidos de trabajar, deudores desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo, entre otros.
Para la PAH, la medida del gobierno es “parcial e insuficiente”, y llega después de miles de desahucios y las muertes.
El anuncio de la PAH deja en claro que la situación sigue igual para españoles e inmigrantes, este último grupo con más vulnerabilidad, según se lamenta el ecuatoriano Manuel Arboleda, de 50 años.
“Los inmigrantes estamos solos, si te echan de casa no tienes familia que te acoja, lo único que tienes aquí son amigos que están en la misma situación o peor que tú”, afirma mientras permanece junto a otras decenas de afectados que pernoctan desde el pasado 22 de octubre frente a Bankia, una de las entidades financieras que ejecutan los desahucios.
La situación se ve agravada con las políticas de austeridad, añade su compatriota Alexandra Mosquera, de 44 años, recordando que “ahora, cuando pierdes el trabajo, pierdes también la tarjeta sanitaria”, que hasta septiembre permitía a los ‘sin papeles’ usar gratis los servicios de salud.
Para ellos, aún sigue el temor y la incertidumbre diaria de quedarse en la calle y de seguir endeudados, tal como le pasó en noviembre pasado a la ecuatoriana Consuelo Lozano, de 40 años, a quien un piquete de policías sacó de su vivienda (adquirida en el 2006) en Madrid, de la que adeuda $ 265.000 que no puede cubrir porque perdió su empleo.
Desconsolada, Lozano se lamentó: “Nos quedamos con cientos de miles de deuda sentenciados para el resto de nuestras vidas”.
El suplicio también sigue para la ecuatoriana Luzmila López y su hija de 11 años, cuya hipoteca dejó de pagar cuando sus ingresos bajaron a $ 800 y la dejó imposibilitada de cubrir los abonos de $ 1.400 mensuales de la deuda de $ 300.000 por su vivienda en Madrid.
Al caso de López se suma el del ecuatoriano Jorge Cordero, quien en junio pasado fue objeto de un violento desahucio que dejó 20 detenidos y varios heridos tras choques de la policía con opuestos al desalojo.
Cordero fue sacado junto a su esposa y su hija de cinco meses de edad de la vivienda que adquirieron en el 2006 y de la que adeudan $ 135.000. Tras el desahucio, Cordero inició una huelga de hambre, mientras su familia estaba alojada en la casa de unos amigos en espera de que las autoridades den una salida a los afectados.
A estos dramas diarios se suman el de las miles de familias afectadas por las hipotecas, no solo de Ecuador sino también de España, que esperan a que les llegue su turno de ser desalojados. Una espera cargada de angustia y desilusión, de quienes son solo una de las partes más afectadas en un país que vive una dura crisis económica.
Afectados: No a los desalojos
Suspensión
Mañana la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) presentará un escrito a las autoridades solicitando la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas que están actualmente en los juzgados del país y que son previos al desahucio.
