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ASUNCIÓN.- El presidente paraguayo Fernando Lugo enfrentará un juicio político por su responsabilidad en un enfrentamiento entre policías y campesinos que dejó 17 muertos, en un clima de extrema presión contra el mandatario que lo forzó a desmentir su renuncia.

Minutos después de que la Cámara de Diputados aprobara casi por unanimidad iniciar el proceso legal, Lugo dijo que se defenderá durante el juicio, que busca determinar si incurrió en mal desempeño de funciones por su actuación tras la masacre.

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"Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar le juicio político con todas sus consecuencias", dijo en un mensaje al país Lugo, que está a poco más de un año de terminar su mandato.

"No existe ninguna causa valedera ni jurídica ni política que me haga renunciar a este juramento", agregó el presidente, un ex obispo cuyo Gobierno estuvo marcado por los escándalos de paternidad y la superación de un cáncer linfático.

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Paraguay, uno de los mayores productores mundiales de soja, tiene una larga historia de crisis políticas e interrupciones de los procesos democráticos.

En esta crisis lo que desequilibró el arco político que sostiene a Lugo fue una pugna con el Partido Liberal, aliado del Gobierno, tras la reacción del presidente luego de los choques entre campesinos y policías.

La agrupación rechazó la designación de Lugo de un nuevo ministro del Interior vinculado a un partido opositor y este jueves retiró su apoyo al Gobierno y los cuatro ministros de la fuerza que integran el gabinete ya presentaron su dimisión.

"El partido liberal deslinda cualquier responsabilidad política respecto al Gobierno del presidente Lugo", dijo su presidente, Blas Llano.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado para aclarar que siguen operando en sus funciones constitucionales a las órdenes del mandatario, mientras manifestantes se agrupaban frente al Congreso a favor del juicio político y campesinos anunciaban su llegada a Asunción para dar su respaldo a Lugo.

Ahora el proceso de juicio político pasa al Senado, que debe desarrollar los procedimientos legales que podrían terminar con la destitución del mandatario.

En la cámara alta se necesitan 30 votos de un total de 45 miembros para destituir al presidente. Lugo tendría solamente dos votos asegurados.

"Después de la contundencia que se dio en la Cámara de Diputados y teniendo el Senado la representación de los mismos partidos, no veo ninguna razón para que los números varíen. Hay una amplia mayoría que apoya el juicio político", dijo el senador Marcelo Duarte.

La situación en Paraguay generó reacciones en la región.

El Gobierno de Brasil dijo que estaba acompañando la situación política con "mucha atención" y "preocupación", según dijo a Reuters una fuente del Palacio de Planalto.

La Unión Sudamericana de Naciones tenía previsto reunirse en Brasil para abordar el tema.

Hechos que desencadenaron el proceso:

15 de junio: Al menos seis policías y once campesinos mueren en un enfrentamiento durante un desalojo de una propiedad rural en el noreste de Paraguay, en una zona fronteriza con Brasil.

El ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas, dejan el cargo tras la masacre. El Congreso resuelve conformar una comisión para investigar los hechos y fijar responsabilidades concretas.

16 de junio: Lugo toma juramento al nuevo ministro del Interior, el ex fiscal general Ruben Candia, un hombre vinculado al opositor Partido Colorado, buscando descomprimir la crisis.

20 de junio: Lugo ordena crear una comisión especial investigadora, en la que participaría la Organización de Estados Americanos (OEA), para arrojar luz sobre el enfrentamiento entre policías y campesinos.

El mandatario confirma además en el cargo al ministro del Interior, lo que desata la ira de sus aliados del Partido Liberal. Los opositores critican su reacción por considerarla tibia.
 
21 de junio: La Cámara de Diputados de Paraguay aprueba casi por unanimidad un proceso de juicio político contra Lugo por su responsabilidad en el enfrentamiento entre policías y campesinos.

El presidente dice que no presentará su renuncia y se someterá al juicio porque "no existe ninguna causa valedera ni jurídica ni política" para su salida.

El Senado, encargado de llevar a cabo el juicio, recibe la acusación contra el presidente y convoca a sesión extraordinaria.

Las Fuerzas Armadas aseguran que se mantienen dentro de su función respetando el orden institucional y democrático.