Actitudes desde AP confunden futuro de Ley de Comunicación

Las acciones emprendidas desde el oficialismo profundizan las dudas sobre el futuro del debate de la Ley de Comunicación (LOC) en la Asamblea.

Ayer, el legislador Holger Chávez (AP) hizo pública la demanda por omisión presentada contra la Asamblea Nacional, el 15 de noviembre de este año en la Corte Constitucional, por incumplimiento de la primera transitoria de la Carta Política, que disponía al órgano legislativo que en el plazo de un año apruebe dicha ley.

En la demanda, Chávez pide a la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 436 de la Constitución, que “por estar vencido dicho plazo, deberá de manera provisional dictar dicha ley, para lo cual puede nutrirse y apoyarse en los proyectos que se encuentran en trámite en la Asamblea, así como los informes de la mesa que le correspondió el desarrollo de esta ley. La norma que les tocará expedir es de carácter provisional, mientras la Asamblea Nacional llega a los acuerdos necesarios para expedir el cuerpo legal requerido”.

El legislador justificó la presentación de la demanda por la dilatoria promovida por distintas organizaciones políticas y el entrampamiento en el que está este proyecto por la falta de votos. “Tenemos más de tres años que estamos en omisión”, dijo.

Este acto contradice a las múltiples declaraciones de sus coidearios del bloque de AP que sostienen su apertura al debate y a recoger todas las observaciones para aprobar la ley, lo que generó malestar en la bancada oficialista.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), afirmó el lunes pasado que el Parlamento sí cumple con el mandato constitucional y popular al tramitar y debatir este proyecto. Y enfatizó: “Si no hay votos para aprobar una ley es porque la ley no se lo merece (...) “¿Qué pasa si no hay votos? No se puede sancionar a alguien porque votó en contra de una ley que cree que no está bien”.

Para Mauro Andino (AP), presidente de la comisión ocasional de Comunicación, la demanda presentada por Chávez en la CC es estrictamente personal y descartó que se trate de un plan paralelo para dar paso a este cuerpo legal.

Sin embargo, puntualizó que en caso de un archivo de la Ley se podría aplicar lo que dice la norma constitucional. “Si es que se archiva porque la oposición cree que este proyecto no debe respetarse a través de la decisión popular, hay que aplicar la Constitución”, dijo.

Ángel Vilema (AP) señaló que esa demanda no tendría efecto jurídico y sería innecesaria porque el objetivo es que en el plazo de dos semanas, una vez finalizado el debate, se apruebe la norma.

Para César Montúfar (CND), esto es una amenaza y un chantaje para obligar a aprobar este texto, lo que demuestra la desesperación que tiene el oficialismo ante el rechazo del pueblo ecuatoriano a una ley que vulnere sus derechos.

“Esto no lo hizo este asambleísta (Holger Chávez). Seguramente se lo hizo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia”, aseveró Montúfar.

Rafael Dávila (Alianza Libertad) calificó como improcedente la demanda porque el debate de la Ley de Comunicación continúa, lo que descarta una supuesta omisión.

Precisó que eso es parte de una estrategia originada desde el oficialismo para presionar por la aprobación de la norma con el contenido que el Gobierno quiere y allanando el camino para que la CC la ponga en vigencia. “Están anticipándose para decir que van a ir por otro camino, que es la Corte”, dijo Dávila.

Galo Vaca (IND), cuyo voto junto al de Ramón Cedeño, Gerardo Morán, Henri Cuji, son claves para dirimir el fin de esta ley, expresó su desacuerdo con la demanda en la CC, porque a su juicio mostraría que la Asamblea no puede legislar.

Textuales: Lo que se comentó
Galo Vaca
INDEPENDIENTE
“Aspiramos a que Andino recoja las observaciones para una vez terminado el segundo debate definir el texto final”.

Rafael Dávila
ALIANZA LIBERTAD
“El envío de esta demanda a la Corte evidencia que no tienen los votos suficientes para aprobarla”.