Delegados de 21 comunidades de Poaló, parroquia de Latacunga, ratificaron que impedirán la construcción de un centro de rehabilitación en la zona, obra que anunció el Gobierno.
En Cuenca y Baños (Tungurahua) también hay planes estatales a los que se oponen los habitantes: uno minero y otro de hidroeléctrica, en su orden.
En Latacunga los comuneros dijeron que no se les ha consultado si aprueban la obra.
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La asambleísta Lourdes Tibán (Pachacutik), asistente a la asamblea, que se realizó el lunes pasado, dijo que la Constitución señala que los pueblos deben ser consultados sobre temas transcendentales y sostuvo que el caso de Poaló debería llegar al debate en la Asamblea.
Los habitantes llevan al menos dos meses en vigilia para impedir que se levante la obra; incluso, hace un mes cerraron por horas la vía Latacunga-Poaló en rechazo al plan estatal. Por el suceso hay denuncias surgidas de la Gobernación de Cotopaxi contra dos dirigentes.
El centro de rehabilitación sustituiría al penal García Moreno de Quito y albergará además a internos de las cárceles de Latacunga y Ambato; en total, unos 3.500 presos.
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Mientras en Cuenca, los resultados de la consulta popular, sin valor oficial, que rechazó la actividad minera en Quimsacocha, fueron entregados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según Martha Arévalo, presidenta del tribunal comunitario de la consulta. Ello se dio como constancia de que los comuneros rechazan el plan estatal de minería.
En Baños hay rechazo a una hidroeléctrica en la comuna El Topo, parroquia Río Negro. Habitantes plantearon una consulta para decidir si se prioriza la conservación de fuentes de agua, pero ello fue negado por el Consejo Nacional Electoral.
