Las salas de juegos de Guayaquil y de Machala, clausuradas el pasado lunes por las intendencias de Policía, abrieron ayer nuevamente para atender al público, debido a una resolución emitida por un juez de la provincia de Manabí, quien mediante una medida cautelar resolvió que el Decreto Ejecutivo 873, que viabiliza el cierre de los juegos de azar en el país, no puede ser ejecutado hasta que no se resuelva la demanda presentada por la empresa Profeseries ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante esta medida los propietarios de todas las salas (consideradas ilegales por funcionar bajo amparos judiciales) retiraron ayer los sellos de clausura y atendieron al público.
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En horas de la tarde los empleados de la empresa WWTS protagonizaron un plantón en los bajos de la Gobernación del Guayas para pedir que se les otorgue el plazo de seis meses para seguir funcionando.
En tanto, la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi) estimó que podrían tener una pérdida de $ 180 millones, que es el monto invertido en los 32 casinos y bingos que existen a nivel nacional y que funcionan en los hoteles de lujo.
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El pasado 7 de mayo, en la consulta popular se prohibió la operación de esos establecimientos que fue complementado con un Decreto Ejecutivo, otorgando un plazo de seis meses para que cesen en sus actividades aquellos establecimientos que funcionan y amparados bajo la Ley de Turismo.
Fausto Flores, vocero de Ascabi, pidió ayer que se les otorgue un plazo de entre dos a tres años para poder liquidar a sus trabajadores así como recuperar en “algo” lo invertido.
Agregó, además, que tienen compromisos adquiridos con proveedores o con cadenas hoteleras que no los pueden dar por concluidos en el tiempo establecido por el Gobierno.
Flores informó que el pasado viernes presentaron en Carondelet un documento donde se exponen las inversiones hechas por unos 15 establecimientos a la espera de poder reunirse con el presidente Rafael Correa para plantearle sus inquietudes.
Sostuvo que ninguno de los trabajadores de casinos o bingos ha salido a protestar y que mantienen reuniones con sus abogados para cumplir con el pronunciamiento popular.