EDITORIAL de THE WASHINGTON POST

El autoritarismo populista que hace unos años parecía estar dominando América Latina está comenzando a desvanecerse. Tanto los votantes como los políticos han visto el creciente desorden económico y social en Venezuela y en sus aliados, y han llegado a la sensata conclusión –más recientemente en el Perú– de que no quieren les ocurra lo mismo. Pero en la propia Venezuela, y en aquellos países donde los acólitos de Hugo Chávez tomaron el control, los abusos de poder y de los derechos humanos son cada vez peores.

La más reciente evidencia de esto se produjo la semana pasada en Ecuador, una pequeña nación andina, donde un populista errático, Rafael Correa, ha estado imitando fielmente los métodos de Chávez para concentrar el poder y eliminar la oposición. Como ocurrió en Venezuela, el gobierno de Correa se ha hecho cargo de gran parte de los medios de comunicación: según un informe reciente de la National Endowment for Democracy, el gobierno controlaba una estación de radio cuando Correa asumió la presidencia en 2007, pero ahora es dueño de cinco canales de televisión, de cuatro estaciones de radio, dos periódicos y cuatro revistas.

El señor Correa está tratando de destruir o de silenciar a los medios independientes que quedan, los cuales, para su aflicción, han topado temas como los cientos de millones de dólares en contratos que el gobierno otorgó a su hermano. El presidente ha presentado una demanda contra los autores de un libro sobre su hermano y otra acción judicial en contra del editor de la página editorial y tres directores de uno de los periódicos más influyentes de Ecuador, EL UNIVERSO.

Usando una ley arcaica que penaliza la expresión “en descrédito, deshonra o menosprecio de una autoridad”, el señor Correa ha solicitado penas de prisión y $ 80 millones en compensación por una columna en la que el editor, Emilio Palacio, se refirió al presidente como un dictador y criticó su comportamiento durante un polémico episodio en el que, el año pasado, soldados se enfrentaron con policías en huelga. La semana pasada el presidente asistió personalmente al juicio, mientras que sus rufianescos partidarios arrojaron huevos y botellas a los acusados, fuera de la Corte.

Nadie se sorprendió cuando el juez provisional de la causa rápidamente se pronunció a favor del presidente, al sentenciar al señor Palacio y los tres directores de EL UNIVERSO a tres años de prisión y al pago de $ 40 millones en daños a Correa –una cantidad que excede el valor total de tal medio de prensa–. Los acusados están apelando a tribunales superiores, pero tal como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado, la decisión “se convierte en una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia”.

Es poco probable que tal crítica disuada a Correa, quien recientemente obtuvo la aprobación para una enmienda constitucional que crea un Consejo de supervisión de los medios que podría utilizar para censurar y multar a periodistas, sin tomarse siquiera la molestia de aparecer ante las cortes. La conclusión ofrecida por Gonzalo Marroquín, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue triste, pero apropiada: Se trata de una “sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por ley o por vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos”.

Editorial de THE WASHINGTON POST publicado el 28 de julio.