Delegados de la comunidad Sarayacu, asentada en la provincia amazónica de Pastaza, exponen hoy sus alegatos orales y pruebas testimoniales y periciales sobre la supuesta violación a sus derechos humanos que significó la incursión de la Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, en su territorio con fines de explotación petrolera, en 1996.
La intervención se cumple en una audiencia prevista en la ciudad de San José, Costa Rica, ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se espera una sentencia que marque un precedente sobre el derecho a la consulta que tienen los pueblos ancestrales, de parte del Estado, sobre su territorio.
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En 1996, el Gobierno entregó la concesión del bloque 23 a la compañía argentina, lo que desató la resistencia de la comunidad Sarayacu porque involucraba sus tierras.
Ello derivó en la salida del país de CGC, en el 2005, un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares (de protección) en favor de ese pueblo amazónico.
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Está previsto que mañana se cumpla una segunda jornada de la audiencia, que será seguida en Ecuador por los sarayacu y organismos prodefensa del medio ambiente.
La exploración de CGC, según los sarayacus, dejó contaminación del ecosistema y material explosivo en la zona.