EFE
WASHINGTON, EE.UU..- El expresentador de televisión ecuatoriano y ahora activista político Carlos Vera denunció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la consulta popular impulsada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Así lo explicó Vera en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tan sólo un par de horas antes de que la Corte Constitucional del país haga público si autoriza o no el referendo promovido por Correa.
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El mandatario ecuatoriano dio a conocer el pasado 17 de enero las diez preguntas de que constará la consulta, que pretende reformar la Justicia, regular a la prensa y prohibir las corridas de toros, entre otros.
Para Vera, el referendo viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al tratarse de un mecanismo que, "aunque democrático, versa sobre medidas totalitarias y busca legitimar y consagrar en Ecuador una dictadura similar a la del presidente Hugo Chávez en Venezuela".
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La consulta, según esgrimió el jurista Roberto López -quien presentó la denuncia junto a Vera-, vulnera hasta nueve disposiciones de la Convención, entre ellas: la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a un desarrollo progresivo.
"Es un referendo deplorable que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos", lamentó López, quien cuestiona asimismo a la propia Corte Constitucional, encargada de dictaminar la legitimidad o ilegitimidad de las preguntas.
"El mismo día en que entró en vigor la Constitución de Ecuador, en 2008, nueve personas se autoproclamaron Corte Constitucional, por lo tanto no tenemos una jurisdicción en Ecuador a la que acudir y hemos de recurrir a las instancias internacionales", explicó el jurista.
De aceptar la CIDH la demanda, sería necesario que el Gobierno ecuatoriano autorizara que una misión de este organismo independiente de la OEA viajara hasta el país para estudiar el asunto.
El desplazamiento de Vera a Washington, donde se encuentra la sede de la OEA, tenía además otro objetivo: denunciar también ante la CIDH la inconstitucionalidad de la sentencia de la Corte Constitucional respecto de la suspensión de las revocaciones de mandato.
El experiodista inició en septiembre de 2010 una campaña de recolección de firmas con el fin de convocar a una consulta popular para que se revoque el mandato del Presidente.
A sólo cuatro días de que venza el plazo de presentación de las firmas, Vera explicó que ha desistido de entregarlas porque "el Gobierno ha sacado un reglamento para tumbarlas", y porque además "el organismo electoral entregaría al Ejecutivo los nombres de las 1'350.000 personas que ya han rubricado la revocación, y no les voy a dar ese gusto".
Vera debería haber conseguido 1'579.000 firmas para lograr celebrar la consulta, según estipula la Constitución, pero, alegó, "no lo logré porque dejé la campaña cuando la Corte Constitucional estableció que es necesaria la autorización del funcionario a ser revocado".
Correa, tras la sentencia de la Corte Constitucional, autorizó el 5 de febrero a Vera y "a cualquier otro ecuatoriano interesado en revocar su mandato" a que continúe el proceso correspondiente, algo que sin embargo el periodista tacha de "engaño".
Si no prosperan las dos denuncias que han presentado ante la CIDH, Vera y López aseguran que "la pelea pasará de las instancias jurídicas a las ciudadanas".
"En Ecuador estamos dispuestos a darle pelea en las calles", dijo con vehemencia Vera, para quien Correa "sólo es una versión perfeccionada de Chávez, aunque con menos carisma".