El Ministro de Defensa y el Comandante de la FAE no acudieron ayer a la Fiscalía.
Para el Gobierno Nacional el levantamiento de un sector de las Fuerzas Armadas el pasado 30 de septiembre, en paralelo a la sublevación policial, no constituyó un delito que amerite enjuiciamientos penales, sino disciplinarios internos.
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Según el secretario jurídico de la presidencia de la República, Alexis Mera, pese a que cumplirán con el requerimiento de la Fiscalía, que solicitó la nómina del personal que participó en la sublevación, el régimen cree que la toma del aeropuerto y las protestas en el Ministerio de Defensa no fueron una infracción.
Ello, considerando que la paralización del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito por diez horas fue un problema generado por los policías, quienes abandonaron las dependencias de migración y narcóticos. “Entonces, no había necesidad de paralizar porque ya estaba paralizado”, dijo.
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Mera acudió a la Fiscalía General, como abogado de la Presidencia de la República, acompañando al sargento Julio César Molina, miembro de la seguridad presidencial, quien rindió su versión de los hechos.
Por ese caso estaba previsto que el ministro de Defensa, Javier Ponce, y el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Leonardo Barreiro, rindieron sus testimonios propios -ayer-, pero por pedido de esas autoridades, la diligencia quedó postergada para la próxima semana, según el fiscal de Pichincha, Marco Freire.
En la nueva convocatoria, además, se procederá a entregar la nómina de uniformados implicados en la sublevación militar.
A juicio de Mera, “el Gobierno piensa que los sucesos que ocurrieron en la Base Aérea de Quito, así como las protestas en el Ministerio de Defensa no fueron una infracción penal..., pero la Fiscalía tiene el derecho a sostener otro criterio”, debido a que es una entidad independiente.
Está confirmado que hasta el momento cinco sargentos del Ala 11 han sido arrestados por indisciplina. Para determinar el grado de responsabilidad de los uniformados la FAE integró varios Consejos de Disciplina, que desde la semana pasada arrancaron con las audiencias de juzgamiento.
Estos Consejos están integrados por cuatro oficiales de mayor rango al presunto infractor, un oficial de justicia, y un secretario del mismo rango del acusado.
La información se maneja de manera reservada. El único comunicado público de la Fuerza Aérea se difundió el pasado martes, en donde reveló que aproximadamente 160 uniformados están implicados en el proceso.
Aunque entregarán la información que pida la justicia, en el tema administrativo habrá ciertas sanciones para quienes, dentro de la institución, rompieron la jerarquización.
Mientras tanto, el contralor general, Carlos Pólit, anunció para hoy a las 08:00, la lectura del informe borrador del examen especial que practican a la utilización de los bienes públicos en la Base Aérea Mariscal Sucre.
La lectura, a la que fue convocado el personal de la FAE, se realizará en cumplimiento de las normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.
Los mencionados en el informe, según la normativa, deberán presentar pruebas de descargo en cinco días laborables, contados a partir de la lectura del informe.
Secretario: De inteligencia
Nuevo funcionario
El vicealmirante Homero Arellano será el nuevo Secretario Nacional de Inteligencia en reemplazo de Francisco Jijón. El ex comandante de la Marina se desempeñaba como secretario general de la Vicepresidencia de la República y principal asesor de Lenin Moreno en la misión Manuela Espejo. Según fuentes de la Vicepresidencia, Arellano se despidió esta semana de la secretaría general y será posesionado en su nuevo cargo el próximo lunes 25 de octubre.