Carta a García

Simón Pachano
Asesorado por la sabiduría instalada en la Cancillería, Rafael Correa le pidió al Presidente peruano que ratificara por escrito la inexistencia de problemas limítrofes entre ambas naciones. Eso es lo que consignaron los diarios oficiales El Ciudadano y El Telégrafo en sus ediciones del 15 y 16 de junio, respectivamente. Vale aclarar esto porque cuando se presenten las consecuencias del pedido y de la carta de respuesta será fácil decir que fue una más de las tergiversaciones de la prensa corrupta, de la cual por supuesto no forman parte esos dos prestigiosos medios.

El tema comenzó por el diferendo que mantienen Perú y Chile sobre su límite marítimo y que se debate en el Tribunal Internacional de La Haya. El gobierno peruano sostiene que el límite debe seguir el trazado de una bisectriz que continúa la línea de la frontera terrestre, en tanto que Chile se acoge al Convenio firmado en 1954, que determina que se debe seguir el paralelo correspondiente al punto en que la frontera terrestre muere en el mar. Para ponerlo en fácil, Chile defiende el trazado de una línea horizontal, mientras Perú quiere una línea que desciende hacia el sur. La diferencia entre una y otra significan casi cuarenta mil kilómetros cuadrados de mar territorial.

Ecuador entra en el juego porque, al ser parte del Convenio de 1954, el Tribunal de La Haya le ha pedido que emita su opinión. Ante esto, el gobierno ecuatoriano tiene tres opciones. Una es no pronunciarse, porque al no ser parte del conflicto no está obligado a hacerlo. La segunda es ponerse del lado de uno de los dos países. La tercera es aludir al mencionado convenio como único instrumento legal válido para la delimitación, ya que el Tribunal le hace la citación en esa condición. No hay espacio aquí para analizar cada una de las opciones, pero sí es posible afirmar que la segunda sería catastrófica y la tercera, la más conveniente para los intereses ecuatorianos. En efecto, el límite marítimo con Perú está establecido en ese Convenio y sobre eso no ha habido dudas ni siquiera cuando se desconocía el Protocolo de Río de Janeiro. Estaba escrito en piedra.

Por ello, sorprende el pedido de la opinión al Presidente peruano, porque implícitamente se pone en duda la validez de aquel acuerdo. No es la voluntad de un presidente –que en democracia es un cargo pasajero– la que determina la validez de un instrumento internacional. Como cualquier convenio, tratado o contrato, este es ley para las partes y no puede someterse a la opinión del mandatario del momento. Si ahora se le pidió una carta a Alan García, entonces habrá que ir preparando las correspondientes para Ollanta Humala o Keiko Fujimori, que desafortunadamente cuentan con las mayores opciones para las elecciones peruanas del próximo año. Nadie puede asegurar que ambos candidatos compartan la posición del actual Presidente, especialmente si se toma en cuenta el nacionalismo fundamentalista del ex militar y los desvaríos populistas de la primera sucesora de la dinastía nisei.