Mientras el grupo legislativo PAIS se alista para conocer el lunes el borrador del informe sobre la Ley de Comunicación, los otros actores políticos aliados y de oposición ratificaron ayer que exigirán a los oficialistas el cumplimiento del acuerdo ético-político suscrito el 17 de diciembre del 2009.

Uno de los temas que será sometido a debate interno del bloque PAIS es el capítulo sobre el derecho a constituir medios de comunicación que utilicen el espectro radioeléctrico para radio y televisión, donde se plantea que los medios públicos tendrán una cobertura nacional y para los privados, provincial.

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El otro tema que irá a discusión de los oficialistas se refiere a los títulos habilitantes para el uso de frecuencias, pues el borrador que circuló entre los miembros de la comisión plantea que el permiso durará diez años, con una sola renovación.

Sobre este tema hay discrepancias, según Ángel Vilema (PAIS). Manifestó que el tema de asignación de frecuencias irá a debate en la Comisión y en el bloque legislativo, aunque señaló que existe una corriente en el interior de PAIS de que para superar discrepancias esos textos quedarían para una futura Ley de Telecomunicaciones.

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“La renovación de frecuencias puede quedar para una futura ley, lo que estamos haciendo hoy es establecer políticas generales en la Ley de Comunicación”, dijo Vilema y no descartó que en la reunión del próximo lunes participen funcionarios del Ejecutivo.

Pero en medio de esto, el acuerdo legislativo volvió a ser el nudo crítico del proceso.

Paco Moncayo de Alianza Libertad (AL), insistió que todas las bancadas firmaron un acuerdo que obliga ‘moralmente’ a cumplir con el país. Aquel documento es claro de que en el Consejo de Comunicación no debe estar representado ni el gobierno ni los poderes fácticos, es decir, que sea un Consejo de la sociedad civil, que no obedezca órdenes ni del Presidente de la República, ni tampoco de los banqueros y los grupos de poder económico.

Anunció que desde el próximo lunes se sumará al debate dentro de la Comisión Ocasional de Comunicación, para acompañar el proceso y “ayudar a destrabar algunos nudos que nosotros mismo los conformamos”, puntualizó.

“‘En los acuerdos políticos tenemos que valorar la palabra’, así lo dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, cuando pedíamos que cada asambleísta firme el documento”, dijo Luis Morales (Prian), quien recordó que existe el compromiso de que si el proyecto es vetado, se debe ratificar lo que la Asamblea acordó.

Afirmó que el Prian se ratifica en el acuerdo, por lo tanto, advirtió que la incorporación de uno o dos miembros del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación rompe el acuerdo.

Jorge Escala (MPD) al igual que Lourdes Tibán (PK), quienes conforman el bloque progresista, señalaron que debe cumplirse el acuerdo y reflejarse en el informe lo que firmaron en diciembre pasado.

El roldosista Abdalá Bucaram señaló que “si el acuerdo no se respeta el PRE no va a apoyar el proyecto de Ley de Comunicación, si en todos los artículos no se garantiza una libertad de expresión para todos, no habrá los votos del PRE”, dijo.

Gilmar Gutiérrez (SP), anunció que con seguridad no se respetará el acuerdo y lo que se observa en la Asamblea es un ‘canje de frecuencias por votos’, aunque no reveló nombres.

“Hemos percibido que posiblemente el Gobierno, para conseguir los votos para aprobar la Ley de Comunicación, estaría repartiendo las frecuencias”, subrayó Gutiérrez, quien dijo que es cuestión de días para confirmar esa información.

Textuales: Reclamo por los consensos alcanzados
Jorge Escala
ASAMBLEÍSTA (MPD)
“Debe cumplirse el acuerdo; si eso no existe, significa que Cordero no tiene palabra”.