QUITO
.- El segundo tribunal del Guayas archivó el juicio de peculado que se seguía en contra de los ex propietarios del Banco del Azuay, Carlos Julio y José Miranda Alcívar, pese a que la desaparecida Corte Suprema de Justicia, en marzo 2007, dejó sin efecto una parte de ese proceso que ordenaba su absolución.

Los hermanos y ex accionistas del Banco del Azuay, Carlos Julio Miranda (presidente del directorio) y José Fagín Miranda (vicepresidente ejecutivo), enfrentaban la acusación de peculado por la supuesta entrega de créditos a favor del Grupo Miranda, con montos que superaban el límite legal. Se los acusó también por el supuesto retiro del dinero de la bóveda de la matriz de Guayaquil, la noche del 15 de enero de 1998, tres días antes de que el banco pasara a manos de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos.

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En providencia de marzo 2007, al revisar la sentencia absolutoria, la tercera sala penal de la entonces CSJ anuló por erráticas todas las actuaciones de los jueces de la entonces Corte Superior y Tribunal Penal del Guayas, que dispusieron que un inferior expida la sentencia en ese proceso, pese a que estaba pendiente un recurso de casación (revisión de la sentencia), a cargo de la CSJ.

Por esa razón, la Sala ordenó que el proceso regrese al estado en el que se encontraba en diciembre del 2002, es decir, cuando los hermanos Miranda enfrentaban acusaciones por malversación de fondos de los depositantes.

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Por este caso, la sala solicitó al Consejo Nacional de la Judicatura, revise la conducta del juez del tercer tribunal penal del Guayas, Pablo Vallejo Lecaro.

No obstante de ello, en julio del 2008, el segundo tribunal penal del Guayas, declaró que la sentencia absolutoria en favor de los hermanos Miranda quedó ejecutoriada, debido a que las acusaciones no fue desvanecidas con casación.

No obstante a que es un inferior, este mismo tribunal, en septiembre del 2008, niega la nulidad de la CSJ y en junio del 2009, dispone el archivo definitivo del proceso por el paso del tiempo (prescripción). Esta resolución, adoptada hace un año, recién fue dada a conocer la semana anterior en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).