Desde anoche empezaron a desplazarse quienes objetan el proyecto de Ley de Aguas. El presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), Manuel Ainaguano, aseguró que en la noche y madrugada unas 4 mil personas debían abordar buses para desplazarse a Quito y estar presentes en el segundo debate del proyecto.
Pidió a la Policía Nacional que se les garantice la movilidad a la que tienen derecho para que no se les impida la movilización, como en ocasiones anteriores.
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Y es que después de 38 años de vigencia, la Asamblea se apresta a aprobar un nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Hoy el pleno conoce en segundo debate el informe de mayoría suscrito por miembros de PAIS y Madera de Guerrero. Hay dos informes de minoría presentados por Pedro de la Cruz (socialista), y de Gerónimo Yantalema (Pachakutik) y Ramiro Terán (MPD).
La intención del Gobierno con el proyecto, presentado el pasado 26 de agosto, fue nacionalizar las aguas: que pasen del derecho privado al uso público, consta en la exposición de motivos. Se permitirá una nueva gestión del agua y un proceso de equidad en su distribución.
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En el proyecto se ratifica este principio, al establecer en el artículo 1 que los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán de competencia exclusiva del Estado central.
El documento genera controversia en al menos seis temas: la autoridad única, envasado del agua, el destino del agua para riego, implementación de tarifas, usos productivos y la autorización de uso del agua.
Y enfrentan no solo a las organizaciones indígenas y sociales, sino a los empresarios.
A este escenario se agrega un ingrediente político. El segundo debate llega en un momento complicado para el movimiento oficialista, por la división que existe al interior. Ayer el bloque se reunió por la tarde para definir una estrategia en conjunto que permita neutralizar esa oposición al proyecto, anticipó Gabriel Rivera (PAIS).
El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, aseguró que seguirán “molestando” afuera de la Asamblea y, si la “terquedad” de los asambleístas continúa, “es posible que cerremos la carretera”.
Para el coordinador del Foro de Recursos Hídricos de Pichincha, Denis García, el proyecto no ha logrado cambiar ciertas prebendas y privilegios de sectores privados. El tema más escandaloso es no revertir la concesión de la empresa Interagua, sostuvo. Además, considera que no logra racionalizar el uso de agua y no impide el acaparamiento del recurso, como fue el propósito.
Los empresarios también protestan porque con la ley se lesionan los derechos a la libertad, la propiedad y al desarrollo de actividades económicas, al impedir la adquisición de tierras en donde se encuentren fuentes naturales de agua. Se oponen a la implementación de tasas y tarifas para el aprovechamiento productivo del agua. Se convertirá en un nuevo impuesto a la renta, opinó Ignacio Pérez, de Expoflores.