En medio de cuestionamientos al proceso legal y tras una audiencia que concluyó en gritos, ayer se dictó prisión preventiva contra dos de los implicados, y arresto domiciliario contra el tercero, en el caso que investiga la presunta red de corrupción que otorgó la nacionalidad ecuatoriana a 95 cubanos.
La denuncia la hizo pública el pasado miércoles, la Secretaría Nacional de Transparencia y en ella están involucrados el ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira, medio hermano de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios de Guayaquil trigésimo séptimo, Julio Olvera Espinoza, y vigésimo primero, Marcos Díaz Casquete.
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Contra este último, por ser de la tercera edad, el juez vigésimo noveno de Garantías Penales, Víctor Moncada –a cargo de la audiencia de formulación de cargos–, sustituyó la medida por el arresto domiciliario.
Tras casi tres horas de audiencia a puerta cerrada, uno de los asistentes salió de forma abrupta y gritando “¡Servil, entregado, juez servil!”.
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Era el vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Vizueta Ronquillo, quien denunció un “atropello” contra “dos notarios que tienen reconocida solvencia moral”.
El juez acogió la petición de la fiscal Mónica Rivera, quien abrió una indagación previa a raíz de la denuncia que la Secretaría de Transparencia presentó ante el Ministerio Público el pasado martes.
Vizueta arremetió contra el juez Moncada y cuestionó la falta del debido proceso ya que, según él, la Fiscalía no notificó a las partes involucradas.
“No es posible que se acuse de falsedad de documento público a los notarios que simplemente han cumplido con receptar las declaraciones de personas extranjeras”, dijo Vizueta.
En su denuncia, la Secretaría señala que se ha “estructurado una verdadera cadena de corrupción entre funcionarios públicos”, al haber concedido 95 escrituras públicas de “Uniones de Hecho” entre ciudadanos ecuatorianos y cubanos, “en base a testimonios y declaraciones juramentadas falsas”.
A criterio de Vizueta, quienes deberían estar enjuiciados no son los notarios sino quienes rindieron su declaración, en este caso, los cubanos.
En defensa del ex subsecretario asistió José Alberto Ampuero, quien también criticó el irrespeto al debido proceso.
Más allá de no notificar a las partes, recordó que la Constitución elaborada en la Asamblea de Montecristi contempla la prisión preventiva como medida “de última instancia”.
Además argumentó que como ex funcionario, su defendido no podía desconocer la autoridad de un notario. “Si un funcionario público recibe un expediente firmado por un notario, protocolizado ante una notaría, surte plena validez”.
En su denuncia, la Secretaría expone que el entonces subsecretario “tenía la obligación de verificar los movimientos migratorios”, antes de conceder la naturalización.
Recuerda que la ley estipula un periodo de dos años de unión de hecho para que esta sea formalizada, y como tal permita a un extranjero acceder a la nacionalidad ecuatoriana.
Con la resolución judicial de ayer se abrió la etapa de instrucción fiscal por el supuesto cometimiento del delito de fe pública que pesa sobre los tres procesados.
Pese a los cuestionamientos, el juez sostuvo que su actuación estuvo apegada a derecho.
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Cárcel
A las 18:00 de ayer estaba previsto el traslado al Centro de Rehabilitación Social de Varones de los dos implicados contra quienes pesa la prisión preventiva, informó el vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Vizueta Ronquillo.
Secretaría de Transparencia
El titular, José Serrano, señaló que los tres involucrados podrían afrontar una pena de 9 a 12 años por el delito de falsificación ideológica de documentos, de acuerdo con el Código Penal. Anunció que a los cubanos se les iniciará una acción legal por el delito de perjurio.
Lo que se sabe
Ex subsecretario
Juan Xavier Aguiñaga, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral hasta febrero pasado, obtuvo el cargo a través de un concurso de méritos y oposición por delegación de la Procuraduría General de la Nación.
En ese organismo de control laboró previamente hasta que en febrero de 2009 ingresó a la Subsecretaría.
Es Guayaquileño, tiene 29 años de edad y posee dos maestrías que cursó en Argentina: en Derecho Internacional y en Mediación y Arbitraje, informó su papá, Xavier Aguiñaga, quien lo representa legalmente.
Comentó además que su hijo se graduó de la Universidad Católica como abogado.
Notarios
En este caso, denunciado por la Secretaría Nacional de Transparencia, están implicados dos notarios del cantón Guayaquil.
Uno es el Ab. Julio Publio Olvera Espinoza, notario encargado trigésimo séptimo, y el otro el Dr. Marcos Nicolás Díaz Casquete, notario vigésimo primero.
”Estos dos notarios tienen reconocida solvencia moral y ética”, dijo el vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Vizueta, quien acotó que el gremio asumió su defensa. Comentó que Díaz, por ejemplo, es notario de la ciudad desde hace 20 o 25 años.
Canciller
El canciller, Ricardo Patiño, admitió ayer que él ya conocía que se estaban investigando irregularidades en torno a la concesión de nacionalidad ecuatoriana a extranjeros. Dijo que desde el año pasado la Secretaría de Transparencia inició las averiguaciones, incluido al ex subsecretario regional, Juan Aguiñaga. Negó que haya pedido su cambio por su presunta participación en las irregularidades, pues ya tenía pensado ubicar en ese puesto a Eliana Larrea, quien asumió el 10 de marzo. Pero las irregularidades continúan, pues ya se han encontrado documentos con sellos y firmas falsificadas de la nueva funcionaria.