Coordinó a nivel internacional la elaboración de los ‘Indicadores de desarrollo mediático de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)’, una herramienta que busca evaluar el estado de los medios de comunicación de los países miembros del organismo. Ecuador será el primero en América Latina y por ello el experto intervino en un seminario en la Fundación EL UNIVERSO, el pasado jueves.

¿Cómo se beneficiará Ecuador con estos indicadores?
Nos permitirá entender mejor la situación mediática, con sus fortalezas y debilidades. Y si contamos con participación activa, se podrá construir un consenso con los participantes sobre qué cambios son necesarios. Así quizá se reduzca o revierta esa polarización que existe entre el Gobierno y los medios.

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¿Así lo interpreta la Unesco, que hay polarización?
Nos parece que hay un Presidente muy antagonista hacia cierta prensa, pues la considera como un opositor político y que representa intereses distintos a los suyos. También hay sectores de la prensa que sienten bastante hostilidad de parte del Gobierno. He quedado sorprendido por el grado de polarización que existe, pues eso a quien afecta es a la gente de este país.

¿De qué manera?
Hay responsabilidades de ambos lados... El Gobierno cree que los medios son mediocres y por ello quiere controlarlos, promulgar leyes y cerrarlos como hizo con Teleamazonas. Pero esa no es la solución, sino alentar el desarrollo de más medios. Del lado de la prensa, no conozco tanto pero me han informado que una parte es propiedad de un pequeño grupo de personas que los utilizan para imponer sus intereses políticos o económicos. Si al Gobierno le preocupan los medios privados, entonces debe dar más facilidades de acceso a los medios comunitarios.

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¿Pero se necesita una Ley de Comunicación?
No es necesaria. Pero sí se necesita un proceso que, por ejemplo, permita registrar a ciertos medios que compiten entre sí. Se necesita una ley de competencia o leyes que regulen aspectos del mercado.

¿Cree que una ley debe contemplar el cierre de medios tal como lo planteó inicialmente el oficialismo en la Asamblea?
Eso fue extensamente criticado por la comunidad internacional. Una ley debe plasmar como su principal objetivo la protección de la libertad de expresión; especificar las áreas en las que la libertad de expresión será limitada, aunque tienen que ser restricciones muy estrechas y estar bien definidas; y aclarar que el Gobierno no adoptará esas decisiones, sino las cortes.

Luego de objeciones se acordó que el proyecto que se discuta no contemple el cierre de medios pero sí el de programas. ¿Qué opina?
La ley internacional no acepta el retiro del aire de programas o el cierre de medios de comunicación. Esa no es la forma como un gobierno debe lidiar con los problemas que tenga con esas empresas.

¿Se puede llegar a consensos, si existe la polarización que usted advierte?
Espero que podamos persuadir al régimen de que acepte el rol independiente de los medios y que estos acepten sus responsabilidades.