Cambio de sexo lleva 37 años en el país

Noviembre 11 de 1989. Wendy Calle Alvarado es estrangulada en Guayaquil. Era un crimen más hasta que en la sala de autopsia de medicina legal se descubrió que la anatomía interna de su cuerpo no concordaba con su nombre, con las redondeces femeninas de su apariencia ni con su genitalidad externa de mujer.

Wendy no era Wendy. Era Luis Alberto Calle, quien hace años había renunciado a su naturaleza de hombre con implantes de senos y glúteos, y una cirugía de reasignación sexual en el extranjero. Su caso atrajo la atención del país,  pues nunca antes se había conocido, al menos públicamente, un hecho así.

Veinte años después el tema vuelve a la mesa de debate, después de que el 8 de octubre anterior, la 3ª Sala de la Corte Provincial de Pichincha resolvió que, como problema de salud pública, el Estado deberá dar  las facilidades médicas para  consolidar la identidad sexual a favor de Estrella Estévez. Hoy ella es un precedente para la comunidad homosexual, no solo porque podrá tener una cirugía de cambio de sexo financiada por el Gobierno, sino que es reconocida como la primera transgénero (que viste del sexo contrario, pero no está operada) en cambiar la M de masculino por la F de femenino en la cédula.

Pero aunque en el Registro Civil se asegura que no ha habido casos similares, el cambio de sexo, tanto física como legalmente, es un hecho que viene multiplicándose en voz baja, incluso desde mucho antes de que se descubra la verdad de Wendy.

Una publicación del jurista Eduardo Sánchez, quien investigó el tema hace más de una década para una tesis, revela que la primera operación de este tipo en Ecuador ocurrió en la desaparecida clínica guayaquileña Santiago, donde Gerardo Ortiz ingresó el 26 de noviembre de 1972, tras haberse cercenado el pene. En este centro reconstruyeron su genitalidad como la de una mujer y entonces Gerardo se convirtió en Sandra Inés.

Tras un largo trámite en la Corte de Justicia, el nuevo nombre fue reescrito en todos los documentos de Ortiz, desde su partida de nacimiento hasta su cédula de identidad, donde la M fue remplazada por la F.

¿Cuántos casos así se han registrado en Ecuador? La comunidad gay dice que cientos, pero que determinar una cifra es imposible, porque casi todas las “operadas” se fueron a Europa. “Alejarse es una forma de enterrar el pasado, que nadie les recuerde que algún día fueron hombres y poder buscar a su príncipe azul”, comenta Diane Rodríguez, representante del grupo de trans Silueta X.

Rita –una transexual que hoy vive en Guayaquil– lo halló en España, donde en 1980 se operó cuando apenas tenía 18. Su matrimonio civil duró 10 años, tiempo en el que obtuvo la nacionalidad española, en la que  consta su nombre de mujer. 

Conseguir esa identidad, asegura, no le fue tan difícil. Ante un juzgado de lo Civil inició una demanda de cambio de nombres desde su partida de nacimiento, para lo que tuvo que presentar el certificado de la reasignación sexual, su récord policial y referencias personales. Como el juez era amigo de su padre, su pedido fue aceptado tres meses después y tuvo que cumplir con el último requisito: publicar el cambio de nombre en un periódico local.

Para otras “operadas”, realizar su sueño fue más difícil. Sin contactos en las cortes que las ayuden en la gestión, debían esperar hasta un año y pagar altas sumas de dinero a las autoridades para lograrlo. Rosario Utreras, comisionada nacional de la Defensoría del Pueblo, asevera que esos trámites se realizan ocultamente para no crear escándalos, con base en una normativa interna del Registro Civil creada para transexuales (los que se operan), pero que –agrega– es totalmente anticonstitucional.

“Se violaba el derecho a la intimidad, porque el caso se exponía públicamente ante un juez y en el periódico; y también a la libertad sexual, porque quien no tenía dinero para operarse no podía cambiar sus papeles”, sostiene Utreras. Ella informa  que  el pasado miércoles la Defensoría pidió a la Corte Constitucional que acoja como jurisprudencia vinculada la resolución de la 3ª Sala de la Corte de Pichincha. De aprobarse, los cambios de género no se tendrán que hacer mediante juicio, sino que será solo un trámite administrativo del Registro Civil, al que podrán acceder incluso quienes no se hayan realizado la cirugía.

El juez de la 3ª Sala de la Corte Provincial de Pichincha, Ramiro García, asegura que no se ha creado un nuevo derecho. “Esto no responde a la lógica Montecristi; el derecho a la no discriminación por la orientación sexual y la igualdad de oportunidades estaba en la anterior Constitución, lo que hemos hecho es que eso se respete”, refiere el magistrado. Bajo ese principio de igualdad, los transexuales o transgéneros que se conviertan en mujeres legalmente pueden casarse y adoptar. Eso tampoco es nuevo, acota García, quien señala que esa era una opción desde que se hizo el primer cambio de nombres.

Si hasta ahora eso no ha ocurrido –al menos de lo que se sabe entre la comunidad gay– es porque la mayoría de las pocas transexuales que quedan en el país viven solo en unión de hecho, como Rita, quien sin embargo no descarta casarse más adelante con su pareja actual y convertirse en madre.

En cambio, Ximena Ruiz Velasco, quien se sometió a una reasignación sexual hace 9 años en Quito, jura que jamás adoptará. “La gente me dice señora, me tratan con respeto, pero sé que detrás me llaman maricón y me critican. Yo lo puedo soportar, pero un niño no podrá con tanta discriminación, esta sociedad no está lista para eso”, expresa Ximena, dueña de un gabinete en Machala.

A sus 53 años, ese es el lugar más feliz de su vida, después de una dura adolescencia en la que odió su cuerpo y su nombre, y después de someterse dos veces a la dolorosa operación de cambio de sexo, porque la primera fue mal hecha. Ese es el lugar feliz que comparte con su esposo, un joven heterosexual con el que lleva seis años de matrimonio civil. ¿Heterosexual?  “Claro, él es un hombre y yo una mujer, no hay nada de raro”, responde con su alegría desbordante.