Tres niños, con uniforme escolar y mochilas en las espaldas, rodean una máquina tragamonedas instalada en la puerta de un local de cabinas telefónicas en Flor de Bastión, bloque 4 (al noroeste de Guayaquil). Con avidez, en turno, ellos depositan las monedas de diez centavos en la ranura, manipulan la máquina, juegan y se desengañan, pues no ganan nada. Solo uno logra que caigan 20 centavos, pero de nuevo van al aparato y ya no salen más.
Es jueves 5 de noviembre, mediodía, y la euforia de los tres alumnos de la unidad educativa Batalla de Jambelí, de ese sector, dura menos de diez minutos. En ese tiempo se esfuman los casi tres dólares que les dieron sus padres para colación, pero que los guardaron para el juego.
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Perdieron sus sonrisas y sus centavos, como decenas de niños y jóvenes lo hacen ese y todos los días en las quince máquinas instaladas en cuatro negocios de los alrededores del plantel educativo. Uno de esos está frente a la puerta de la escuela, en un local donde también se ofertan útiles escolares, helados, juguetes, golosinas y otros artículos.
Lo mismo sucede en los alrededores de la escuela-colegio 354 Montreal y de otros dos establecimientos de la zona. Los tragamonedas están en su periferia; están también por todo lado, en las tiendas, en los locales donde hay cabinas telefónicas u ofrecen internet, en panaderías o puertas de domicilios.
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Solo en el bloque 4 de Flor de Bastión, un recorrido de este Diario determinó la existencia de al menos cien aparatos, como sucede en otros barrios suburbanos de Guayaquil. Los clientes son niños y adolescentes que viven, en algunos casos, en casas de caña o madera que ni siquiera son de propiedad de sus padres. Uno de ellos es Joffre, un pequeño de 9 años que juega la mañana del jueves 5 en el aparato instalado en una panadería de la cooperativa Balerio Estacio, con los diez centavos que su madre, lavandera de ropa ajena, había dejado en una mesa y que él decidió tomárselos.
Pese a que la ley prohíbe el funcionamiento de tragamonedas en sitios que no sean hoteles de cinco estrellas, en diversos sectores operan estos aparatos, desde aquellos pequeños que están en las tiendas hasta los ubicados en casinos y que pertenecen principalmente a la empresa Invermun, y que hoy son el centro de una investigación por supuestas coimas a personajes del Gobierno. Los ministerios de Turismo y de Gobierno son, según la Ley de Turismo que regula esta actividad, los encargados de autorizar o impedir su funcionamiento.
Los tragamonedas de barrio hay por miles y están en todas las poblaciones del país, hasta en pequeños caseríos, como aquel instalado en una tienda del recinto San Basilio, vía El Empalme-Pichincha (entre Guayas y Manabí). La dueña del negocio, Nelly de Calderón, asegura que “unos señores de Quevedo (Los Ríos)” dejaron la máquina, sin ninguna condición ni la firma de algún documento. Cada semana, cuenta la mujer, recibe unos $ 12 de comisión, el 30% de los casi $ 40 que se acumulan en ese periodo de tiempo.
Ese promedio de ingresos perciben también algunos de los tenderos de Flor de Bastión, La Trinitaria, de Guayaquil, o de Ambato. La empresa o el dueño de los tragamonedas, que conforman grandes cadenas, obtienen unos $ 28 semanales, $ 112 al mes. Y son grandes cadenas que registran onerosas ganancias. Solo con cien máquinas repartidas tienen un ingreso mensual de $ 11.200.
Un empleado de los proveedores explica a un cliente que lo contactó por medio del celular que “las máquinas son chinas y los jefes también”. Da detalles del modo de operación: “Le dejamos el equipo sin que firme nada. Solo debe tener conectada a un tomacorriente y ubicarla en un lugar visible. Por eso recibe el 30% de todos los ingresos. Le dejamos un número y usted debe llamar para todo; si se acaban las monedas, si se presenta alguna falla en el aparato o si hay una incautación, nosotros le damos otra de inmediato”.
Hay negocios que tienen hasta cuatro máquinas, como sucede en uno de los alrededores de la unidad educativa Batalla de Jambelí, en Flor de Bastión. El inspector del plantel, Edwin Macías, lamenta que las autoridades no actúen para evitar la proliferación de tragamonedas.
“Es un problema para nosotros, los profesores, porque nos toca redoblar esfuerzos para controlar a los chicos. He pedido varias veces que cierren los negocios a la hora de salida de clases, pero los dueños no hacen caso y nosotros no podemos hacer nada más”, indica Macías, quien cuenta el caso de un alumno que el martes 4 de noviembre se gastó casi todos los $ 20 que sus padres le habían dado para que pague en el colegio.
La tarde del jueves 5, el intendente de Policía del Guayas, Julio Quiñónez, organiza una requisa de los tragamonedas pequeños. Recorre parte del Suburbio oeste y la Trinitaria; en dos horas se incautan 20 máquinas. ¿Por qué se hace esto solo cuando suena el caso Invermun y no siempre? El funcionario indica que en agosto pasado requisó doce aparatos, que nadie los ha reclamado y que, al parecer, son ensamblados en el país.
Pero aquel jueves, la mayoría de pequeños comercios donde hay máquinas, en Flor de Bastión, cierran sus puertas. Quiñónez indica que los operativos seguirán, que los aparatos serán destruidos con un rodillo. Aunque acepta que no sabe quién está detrás del lucrativo negocio.
Hay una pista. La copia de un permiso de la Intendencia de Policía del Guayas, a nombre del ciudadano chino Tang Chuang Kan Chen, para el funcionamiento de un local de videojuegos en Manuel Galecio y Machala (centro de Guayaquil), se la presenta como autorización en decenas de establecimientos que tienen tragamonedas. Aquel papel detalla como adjudicataria a la importadora TKC.
También algunos proveedores acostumbran a poner el número de celular de contacto en la parte posterior del equipo.
Pero los controles son temporales; las investigaciones para dar con los ellos son nulos, según padres de familia. En Flor de Bastión, la dueña de un depósito de víveres denuncia que en un local vecino, donde funcionan cabinas telefónicas, hay un espacio adecuado como reservado, donde hay alrededor de diez máquinas y juegan menores sin que nadie los controle.
Durante el operativo de la Intendencia, algunas personas se acercan a los policías para dar aviso sobre locales donde hay tragamonedas, aunque los gendarmes no llegan a esos sitios. “Estos juegos dañan a nuestros hijos”, refiere una señora.