El oficialismo cambiará el tinte “centralista” con el que el Ejecutivo envió el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público a la Asamblea Nacional, después de que los asambleístas del Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE) ratificaran su rechazo a la desaparición de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y al irrespeto a la autonomía de las demás funciones del Estado.
Ayer, al iniciar el trámite del primer debate del proyecto de ley en el pleno de la Asamblea, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero (PAIS), indicó que hay varias disposiciones en el proyecto que contradicen a la Constitución, en lo que respecta a la descentralización y autonomía en la administración pública y presentó 83 observaciones.
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Cordero sostuvo que la remuneración salarial de los maestros no debe establecerse en este proyecto de ley, así como tampoco las regulaciones laborales para los gobiernos autónomos descentralizados y las distintas funciones del Estado y, calificó de ridículas las posiciones centralistas que aparecen en el proyecto y que crean un “superministro”, al que habría que pedirle permiso hasta para cambiar horarios en las instituciones públicas.
Pese a que el proyecto de iniciativa del Ejecutivo llegó a la Asamblea con la firma de responsabilidad del presidente de la República, Rafael Correa, Cordero eximió de cualquier tipo de responsabilidad sobre los textos al Primer Mandatario e, inclusive, al actual ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza.
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El cambio de posición –que fue expuesto en el pleno por PAIS– fue bien acogido por el ADE, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y hasta Sociedad Patriótica (SP), que desde el inicio se opusieron a la propuesta del Gobierno.
Alfredo Ortiz, jefe de bloque del ADE, indicó que si no se tomaban en cuenta estos cambios, se corría el riesgo de que el proyecto no cuente con los votos necesarios para ser aprobado en segundo debate. “El escenario político en Quito es muy diferente al que había en Montecristi y ellos tienen que abrir espacios de diálogo y búsqueda de consenso porque sino, con imposiciones, no pasa ninguna ley”, sentenció Ortiz. Sin el apoyo del ADE, PAIS no contaba con los 63 votos necesarios para aprobar la ley.
Los asambleístas de diversas bancadas plantearon que el cuerpo legal garantice los derechos de los trabajadores; que la normativa esté ajustada a los principios constitucionales de descentralización, autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos; la no inclusión de los educadores en esta ley; que las Fuerzas Armadas tengan su propia normativa, que guarde coherencia con la Ley de Empresas Públicas, se garanticen espacios progresivos de trabajo para personas con discapacidad, entre otros temas, informó la Asamblea.
Así, el asambleísta César Rodríguez (PAIS) pidió que se elimine del artículo 15 el inciso segundo porque establece una sanción desproporcionada e inconstitucional para los trabajadores, puesto que señala que el funcionario público destituido quedará definitivamente impedido de reingresar al servicio público.
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Errores burocráticos
Sobre el proyecto del Ejecutivo, Fernando Cordero (PAIS) dijo: “No suponemos para nada al Presidente (Rafael Correa) responsable de esos errores que son burocráticos, centralistas, y que por ventaja están corregidos en la ley... Creo que el Ministro (Richard Espinoza) nos va a ayudar con el reconocimiento de los errores que, supongo, no serán de él sino de alguien que le asesoró mal”.
Pedido de archivo
Francisco Cisneros (SP) pidió el archivo del proyecto, pero luego de escuchar que PAIS aceptó cambiar el proyecto inicial no descartó que su bloque apoye la iniciativa cuando sea puesto en segundo debate. “Tal y como estaba presentado, el proyecto le quitaba autonomía a los consejos provinciales y los municipios, y permitía que el superministerio de Relaciones Laborales tenga la última palabra en todo”.
Satisfacción en MPD
Linder Altafuya (MPD) señaló su satisfacción porque no se incluyó la figura del “despido intempestivo” y tampoco se dejó a los maestros sin ley. Paco Moncayo (Municipalista) reiteró la necesidad de considerar los conceptos de descentralización y recoger preceptos constitucionales sobre administración pública, y respaldó el aporte de los servidores públicos, por lo que se deben garantizar los derechos laborales.