Venezuela experimenta un proceso sistemático de disminución de la libertad de expresión, si se analizan las tres dimensiones de este derecho universal: buscar, recibir y difundir información.
Por ejemplo, la prensa no tiene certezas de lo que hace el presidente Hugo Chávez porque no puede acceder a la agenda diaria; a muchas ruedas de prensa no entran periodistas que el régimen identifica como de “oposición”; las cámaras de televisión no pueden ingresar a la Asamblea, es decir, las imágenes que se difunden al país solo tienen el matiz oficial; los ministros y funcionarios no acuden a los medios de “oposición”; y sentar en un foro a un opositor y un chavista es algo prácticamente imposible.
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También se registra incapacidad de acceso a datos sensibles para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida ciudadana. Por ejemplo, se denuncia que desde el 2007 no se publica el boletín epidemiológico porque el Ministerio de Salud argumentó que los medios hacían un uso político.
La polarización se acentúa en la sociedad venezolana
Con dudas en sus medios de comunicación, cada vez más con posturas radicales, ya sean oficiales o de oposición.
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Es un mismo tema. Pero la prensa chavista dice una cosa. Y la de oposición otra totalmente distinta. Los unos aseguran que el inicio de clases en Venezuela, el pasado miércoles 16, fue un éxito; los otros, que el 80% de los estudiantes no fueron a las aulas. Todo esto, en medio del contexto del debate por una polémica nueva Ley educativa que entró en vigencia. ¿A quién creer?
VVlibre, un grupo de trabajadores anónimos del canal de televisión Venevisión, ocultos en la red social Twitter, pide que no le crean a este tradicional medio venezolano que, antes y durante el golpe del 2002, era de abierta crítica al gobierno chavista, pero que desde el 2004 comenzó de manera paulatina a tener una línea editorial cada vez más complaciente con el régimen.
Sus actualizaciones diarias en la web son críticas: “Cifras que no verá en nuestro canal. La inseguridad cobra más de 40 vidas este fin de semana en Caracas”, dice una. “El segmento Guerra al narcotráfico de la mañana fue acordado entre el comandante de la GN (Guardia Nacional), Freddy Carrión, y José de la Cotera (directivo del canal) el martes 15”, denuncia otro.
Basta sentarse una noche, ver la televisión, chequear en la mañana los periódicos, salir a las calles de Caracas y recorrerla y conversar con taxistas, académicos, comunicadores, sociólogos, diplomáticos, ciudadanos de a pie, para percibir el ambiente de polarización extrema que tiene la sociedad venezolana. En sus paredes, pintarrajeadas con rojizas consignas revolucionarias y contrarrevolucionarias, se plasman los gritos, angustias, amores y odios de una sociedad dividida y que paradójicamente vive, a través de sus medios de comunicación, una fuerte limitación al acceso a la información pública.
Venezuela, inmersa en su revolución de una década, aquella que, a través de la estrategia de su presidente Hugo Chávez, quiere caminar con la espada de Bolívar por América Latina, experimenta un proceso sistemático de disminución de la libertad de expresión si se analizan las tres dimensiones de este derecho universal: buscar, recibir y difundir información.
Convive con ese proceso porque las posturas casi únicas y radicales de la prensa, ya sea chavista o de oposición, dejan poco espacio a los ciudadanos para tratar de entender su mundo de una manera equilibrada al recibir la información.
Y si a ese periodismo de posturas radicales se suman las trabas oficiales para buscar, acceder y difundir esa información pública, el coctel de desinformación ciudadana se oscurece.
¿Ejemplos? Los periodistas no tienen certezas de lo que hace el presidente Hugo Chávez. Ese derecho simple que, por ejemplo, tienen los comunicadores ecuatorianos, el saber, en la generalidad, la agenda diaria del Presidente, allá es una utopía para los críticos del chavismo. A muchas ruedas de prensa del Gobierno no entran periodistas que el régimen identifica como de “oposición”, solo los oficiales y alineados, y las cámaras de televisión están prohibidas de ingresar a la Asamblea Nacional. Es decir, las imágenes que los venezolanos reciben de lo que hacen sus legisladores solo tienen una matriz: el canal oficial de la Asamblea.
Fue una medida radical a una cobertura de la cadena opositora Globovisión, que a principios de año aseguró, en vivo, que un diputado de la Asamblea oficialista veía pornografía en una computadora. Luego se demostró que lo que el legislador chequeaba era un correo electrónico sobre el cáncer de mama.
Otro ejemplo de limitación es el de las entrevistas a ministros o funcionarios. “El mayor problema es el acceso a la información pública”, dice Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización no gubernamental que trabaja por la libertad de expresión en Venezuela y que, desde el 2004, sistematiza en un informe anual los casos de atentados contra este derecho en este país.
Él explica que los ministros y funcionarios no acuden a los medios calificados de oposición y que sentar en un foro a un opositor y un chavista es algo prácticamente imposible.
¿Más dificultades? La incapacidad de acceso a datos sensibles para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos es una de ellas.
“Desde el 2007 no se publica el boletín epidemiológico. Nosotros no sabemos nada de ninguna enfermedad (…). El ministro (de Salud) dijo que los medios hacían un uso político del tema”, afirma Mariana Belalba, abogada de Espacio Público.
Sin boletín epidemiológico (informe público sobre la situación de las enfermedades) los venezolanos solo reciben lo que los funcionarios deseen. No hay cifras claras de la gripe porcina en estos días, por ejemplo.
El boletín semanal dejó de publicarse en agosto del 2007, y luego de denuncias se publicó con intermitencias en diciembre del 2007, enero del 2008 y enero del 2009, cuando se dio el último informe, según el Dr. Héctor Parra, un especialista en epidemiología y ex presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública del Estado Lara, que escribe en su blog epidemiah1n1.blogspot.com.
El director de epidemiología del Ministerio de Salud, José Luis Montiel, dio su argumento para ocultar las cifras: “Si empiezan a utilizar el boletín epidemiológico para desestabilizar, para el golpismo o para el terrorismo, no podemos permitir que con nuestro propio instrumento que estamos empleando para la toma de decisiones y la mejora de la salud del pueblo vengan los medios de comunicación a hacer oposición y hagan terrorismo mediático y le creen un problema de salud mental a la población venezolana”.
Difundir, un riesgo
Si la búsqueda y el recibir información en Venezuela tienen problemas, la tercera dimensión de la libertad de expresión, difundir esa información, también tiene dificultades.
Esas las sabe bien Jesús Hurtado, periodista del diario El Mundo, de la cadena Capriles. A él, hace poco, lo patearon y golpearon con palos en la calle durante el ataque de un grupo de chavistas a comunicadores de esta cadena que repartían volantes críticas a la nueva Ley de Educación. Las repartió, recalca, porque “es ciudadano” y tiene derecho a pronunciarse sobre lo que cree inconveniente.
“Las agresiones contra los medios es una política de gobierno. Busca cerrarlos”, recalca Hurtado, quien es delegado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
Él explica todo el proceso oficial de acaparamiento mediático, que se puede resumir en cuatro fases: presionar, asfixiar, comprar y relanzar medios. Las presiones son administrativas y legales, con amenazas de cierres y procesos contra periodistas (desde el 2008 hasta agosto del 2009 hay registrados 42 casos de hostigamiento judicial); las asfixias llegan quitando publicidad estatal en un país que tiene un aparato burocrático gigantesco; la compra de medios se da por parte de afines al régimen y el relanzamiento puede transformar a medios hostiles en unos con líneas editoriales amistosas para el gobierno.
Todo, en un panorama que habla de seis canales de televisión oficiales y más de 500 medios de línea gobiernista, según referencias y estudios especializados, como el de Marcelino Bisbal, editor del libro Hegemonía y control comunicacional.
La presión tiene en estos días un aditamento especial. Hay una espada balanceándose sobre 206 emisoras radiales a las que no se han identificado, ya que se anunció un cierre de 240 emisoras por irregularidades, según el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y 34 ya fueron cerradas el pasado julio.
Y mientras la espera asusta a miles de trabajadores radiales, diversos periodistas venezolanos coinciden que, dentro de las radios, la autocensura campea por el temor a ser los próximos; aumentan negociaciones para cambiar líneas editoriales y comienzan a mutar espacios de noticias y opinión críticos a segmentos de farándula.
Eso lo ratifica Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de Radiodifusión, en una entrevista con el diario español ABC: “Sé que Unión Radio (cadena de emisoras) ha empezado a autorregularse o autocensurarse. Redujeron el programa de cuatro horas diarias, que tenía la profesora Marta Colomina, a una sola hora. El programa ‘Runrunes’ de Nelson Bocaranda en la Onda 107.9 FM también fue suspendido”.
Somos Radio es un grupo de los que quieren pelear contra el miedo. Integrado por personal de radios cerradas y de otras que creen que pueden cerrarse, han abierto espacios de diálogo para advertir sobre la medida y las negociaciones que aseguran se realizan para cambiar líneas editoriales y evitar clausuras. En calles, parques, o mediante redes sociales del internet, buscan frenar más cierres.
Hay más personas que hablan del temor como arma, pero que están decididos a frentearlo.
Caroline de Oteyza, que dirige el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, es de las que sabe lo que es marchar codo a codo los sábados por las calles de Caracas. Las marchas son parte del panorama de una sociedad acostumbrada a ir a las vías a protestar y que también ya asume como costumbre las contramarchas del oficialismo.
“Llaman a las periodistas y les dicen: Mira, sabemos a qué hora sale su hijo. No sigas”, comenta sobre el miedo que se trata de infundir.
Esa clase de amenazas no asustan a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela. Ella tiene una frase sencilla para los que hablan de huir: “Yo no me voy a ir de mi país”.