'Congresillo' con 45 días para tratar cinco leyes

A la Comisión Legislativa  le restan menos de dos meses para tramitar las cinco leyes que, como prioridad, señala la primera disposición transitoria de la nueva Carta Magna: la de Soberanía Alimentaria, la Electoral, la de la Función Judicial y del Consejo de la Judicatura, y la de Participación Ciudadana.

Ninguna de aquellas está lista para el primer debate; en algunos casos los textos no están listos y, en otros, se encuentran en etapa de socialización.

Los presidentes de las comisiones especializadas del ‘Congresillo’ atribuyen el retraso en esos trámites a la aprobación de cuerpos legales remitidos por el Ejecutivo, con la Ley Financiera, la de Tránsito y Transporte Terrestre, la de Servicio Civil, la Minera y las reformas a mandatos constituyentes.

Los legisladores retomarán las sesiones plenarias el 6 de enero próximo.

El incumplimiento de los plazos y normas constitucionales contenidas en el régimen de transición se impuso en los primeros 74 días de vigencia de la Constitución.

Los plazos establecidos, por ejemplo, para la integración de la Corte Nacional de Justicia no se cumplieron por los continuos tropiezos y vacíos que no advirtieron los asambleístas constituyentes. Esa Corte  debió operar   dos meses atrás, pero  se integró hace dos semanas y los nuevos magistrados se acogieron a la vacancia judicial que concluirá este 5 de enero.

Otro de los casos es la integración del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social que lleva más de un mes de retraso. El proceso de selección recién empezó y concluirá el 11 de enero.

Uno de los hechos que caracterizó estos primeros meses de vigencia de la Carta Política es la cuestionada resolución del anterior Tribunal Constitucional que se autoproclamó Corte Constitucional sin que haya una norma expresa.

El artículo 25 del Régimen de Transición, según el catedrático Santiago Guarderas, es claro y determina los pasos para integrarla, por lo tanto el Tribunal fue el primer organismo que “violó flagrantemente la Carta Política autoproclamándose Corte Constitucional y además dictando normas para incluir competencias no contempladas en la Constitución, como absolver consultas”.

“Es penoso ver que el máximo organismo que debería controlar la Constitución viole constantemente la Carta Política”, afirma Guarderas, quien destaca que las interpretaciones deberían darse a través de dictámenes y no responder a consultas de cualquier persona o institución, como lo hizo la comisión especializada de lo Civil y Penal del ‘Congresillo’ para superar el vacío institucional sobre la integración de la Corte Nacional de Justicia.

Lo mismo sucedió con la consulta que hizo el Consejo  Electoral para aclarar la facultad para integrar el Consejo de Participación, cuando el régimen transitorio dice que el concurso debía hacerlo la Comisión Legislativa, anota Guarderas.

Pero para el primer vicepresidente de la legislatura, César Rodríguez (PAIS), la decisión del Tribunal  de asumir el rol de Corte Constitucional  se justifica porque ha permitido obtener una institucionalidad mínima, pero con soporte suficiente para garantizar este tránsito. “Si bien no tenía un mandato expreso, pero nosotros aceptamos que la mejor vía para lograr la institucionalidad era asumiendo el rol de Corte, por lo tanto se justifica la interpretación que hizo”.

Según él,  fue clave para lograr la institucionalidad y al “haber asumido tremenda responsabilidad histórica ha justificado el por qué de esa decisión”.

Reconoce que el proceso constituyente no fue perfecto, y que nadie puede afirmar ahora que no han existido situaciones no previstas como el hecho de que los magistrados no iban a asumir el cargo de la Corte  de Justicia  temporalmente. “Ahí nos equivocamos y eso obligó a tomar decisiones a través de la Corte Constitucional”.

Vicente Taiano (Prian) comenta que la transición trajo graves problemas para  aplicar  la Constitución, lo cual ha distorsionado la institucionalidad del país, tanto en la Corte Constitucional como en la de Justicia. Se ha visto que en el Consejo Electoral la famosa elección con participación ciudadana no se cumplió, porque los acuerdos y designaciones se realizaron fuera del concurso.

Para María Paula Romo (PAIS) se justifican los tropiezos de la transición porque nadie se esperaba la oposición de los magistrados. Expresó que es polémica la denominación de Corte Constitucional pero “creo que fue adecuada la decisión de asumir las competencias, hubiera sido muy complejo ir a un Régimen de Transición sin tener el órgano que interpreta la Constitución”.