Por la parte más débil se rompe la cuerda. Hace unas semanas, a insistencias de una reportera que me dijo que tenía que ir a Manta, y a pesar de la amenaza de una dirigente pescadora de que si me veían en las playas de Manta sería seguramente –no en muy buenos términos– conminada a salir, fui, vi y vencida decidí que le daría al régimen de su propia cosecha.

Me explico mejor, en la Constitución Política aprobada dice que la carga de la prueba ya no es del que demanda sino del demandado, no hay presunción de inocencia en temas de daños ambientales; a más de que las acciones (civiles, penales y administrativas) por daños ambientales son imprescriptibles, súmele que la naturaleza tiene derechos y que los funcionarios públicos son responsables e imputables directos de estos daños causados por su acción u omisión, el Estado deja de ser responsable solidario y solo interviene mientras averigua quién es el culpable para que luego este le devuelva lo pagado por el Estado; y poniendo la guinda al pastel por el mero riesgo ambiental se pueden exigir ciertas medidas cautelares. Es un coctel molotov del cual rechacé algunos de sus ingredientes en su oportunidad, pero si es lo único que hay, como buena cumplidora de las normas legales, habrá que tomárselo con cuidado.

Denuncié a la Fiscalía el delito penal por capturar especies vedadas a la pesca y utilizar procedimientos no permitidos (acción penal imprescriptible), acompañando pruebas de la falta de control en la pesca artesanal y del feriado tiburonero que se vive en Manta (aunque no esté obligada a hacerlo porque la Constitución me dice que la carga de la prueba la tendrá el demandado); señalé al Subsecretario de Recursos Pesqueros, porque la Constitución me permite apuntar directamente contra el funcionario que por su acción u omisión puede provocar un daño ambiental (riesgo). Y para mi suerte y la de los tiburones aún vivos es un delito de acción pública, así que el fiscal asignado tendrá que llevar adelante el trámite de la denuncia aun sin que yo esté atrás de él.

Lo que más me asombró de ese viaje a Manta, aparte de la cantidad de tiburones (los pequeños están a dos por uno para efectos de conteo), sus tamaños, la sangre, el comercio ya sin tapujos de la pesca teledirigida, es que tengo una copia del Informe del Comandante al Capitán de Puerto de Manta, conmovido por esta pesca indiscriminada y luego de dar habida cuenta de 1.300 tiburones vs. 162 de otras especies en la inspección de dos buques dice: “Es preocupante que a pesar de que en el decreto se expiden las normas que regulan la pesca incidental del tiburón… subsista la incógnita sobre si realmente es una ‘captura involuntaria’ al comparar sus cantidades con los porcentajes de ‘captura de otras especies’…”. Candidez del Comandante y viveza o pereza de las autoridades de Pesca, ¡quién lo diría!, un miembro del Gobierno rompiendo filas por la desfachatez con la que se trata el tema de la pesca de tiburón.

Los tiburones son importantes, tienen un valor ecosistémico y comercial. Pero más importante es que la sociedad tenga la certeza de que lo que se proponga en derechos, garantías constitucionales, procesos administrativos, etcétera, se cumpla con la vehemencia que ha caracterizado al partido “verde” de Carondelet… Yo se los dije.

 *Abogada especialista en Derecho Ambiental.