La muerte de dos presuntos delincuentes golpeados y quemados abrió en Bolivia la polémica sobre excesos de la “justicia comunitaria” indígena, considerada en la nueva Constitución que se someterá a referéndum en enero.
El brutal castigo provocó que otras nueve personas queden gravemente heridas en la comarca andina de Achacachi y dejó mal parado al sistema judicial boliviano.
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“Si los comuneros de Achacachi piensan que han hecho justicia comunitaria, están equivocados”, señaló el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien calificó al hecho de “homicidio o asesinato”.
El proyecto de Constitución propone en su artículo 189 que “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía”, y el artículo 199 se refiere a “la potestad de las comunidades indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales y de competencia de acuerdo con sus costumbres, respetando el derecho a la vida y otros derechos constitucionales”.
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Si la nueva Carta Magna se aprueba en referéndum, las decisiones de los jueces comunitarios no podrán ser revisadas por jueces ordinarios (art. 200). Actualmente las penas que aplican van desde servicio a la comunidad hasta pena de muerte, pasando por azotes.
