La premura por la aprobación de cinco leyes que manda la Constitución anulará el control político al sector público, que es una de las atribuciones de la Comisión Legislativa.

En Acuerdo PAIS existe consenso para que no se integre una comisión específica para fiscalizar, sino que en cada organismo legislativo se establezca un espacio para ejercer el control político de acuerdo con los temas y especialidad que cada una aborde. Esa propuesta se discutió ayer en la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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Según la primera disposición transitoria, la Comisión en  máximo 120 días, contados desde la vigencia de la Constitución (20 de octubre), aprobará las leyes de soberanía alimentaria, funciones electoral y judicial, del Consejo de Participación Ciudadana y la Ley del Consejo de la Judicatura. Se han tomado diez días para la organización interna, ayer recién se instaló el CAL para definir el número de comisiones y la ubicación de legisladores en cada una de ellas, cuyo distributivo tendrá que aprobarse en una plenaria prevista para mañana.

Al ‘Congresillo’  le quedan 110  días para tramitar no solo las cinco leyes, sino también otras que desde el Ejecutivo se anuncian que serán enviadas: de Minería, reformas a la Ley de Tránsito y la Ley de Justicia Financiera (entregada el lunes).

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Toda esta tarea legislativa mantendrá ocupados a los 76 legisladores,  comentaron asambleístas de PAIS, como Aminta Buenaño, Pedro de la Cruz y Trajano Andrade; quienes además manifestaron que la fiscalización estará presente cuando se registren denuncias de actos de corrupción, por lo tanto, no habrá una comisión especial permanente que se dedique a una tarea de control político al régimen.

Pedro de la Cruz (PAIS) precisó que es partidario de que la fiscalización sea ocasional, porque ahora el tema urgente es la legislación.

La segunda vicepresidenta, Aminta Buenaño (PAIS), comentó que habrá fiscalización, pero hay que priorizar la legislación. La forma de ese control político, según la legisladora, debería darse a través de una comisión multipartidista que se forme por cada caso de corrupción que se denuncie.

Precisó que el plazo de los 120 días está corriendo y existen cinco leyes esperando su aprobación que permitirá poner en marcha la Constitución. “Las leyes son las ruedas que van a hacer que marche esta Constitución.

El emepedista Abel Ávila, en cambio, consideró que debe haber una comisión que se dedique a fiscalizar, porque no se puede mutilar el control político sin que signifique entorpecer la acción del Gobierno que ha dado muestras de que hace bien las cosas.

Trajano Andrade (PAIS) puntualizó que en las conversaciones se planteó que cada una de las comisiones tenga capacidad fiscalizadora de acuerdo al ámbito de su competencia y de las temáticas que tendrá que analizar. “Hay un consenso de que por la premura del tiempo todos los asambleístas nos dediquemos a la tarea de legislar, de tal manera, de que se aproveche el tiempo a lo máximo”, acotó Trajano.

TEXTUAL: Lo que dijo

Aminta Buenaño
PAIS

“Necesitamos las diferentes comisiones para legislar, precisamente, por la gran cantidad de leyes que tenemos”.

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