Con tropiezos e intensas negociaciones anoche se planteó la aprobación del mandato 23 para conformar la Comisión Legislativa y de Fiscalización o Congresillo que lo integrarán 76 de los 130 asambleístas.
Con ello la Asamblea Constituyente termina sus funciones.
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El Congresillo asumirá el poder legislativo de manera transitoria hasta que se elija a la nueva Asamblea Nacional. Mientras eso ocurra, la Comisión Legislativa tramitará las cinco leyes que manda el Régimen de Transición para dar paso al reordenamiento institucional del Estado contemplado en la nueva Constitución.
Los obstáculos que se presentaron hasta las 22:30 se centraron en la posición de PAIS de no ceder ante SP respecto a la nominación de los delegados dentro del Congresillo. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se reunió con sectores de oposición y minorías para reajustar los nombres.
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Los 76 asambleístas provendrán de los siguientes movimientos y partidos políticos: 46 de Acuerdo PAIS; 10 SP; 4 Prian; 3 del PSC; 3 Pachakutik; 2 MPD; 2 RED; 1 de Futuro YA, así como de Honradez Nacional, Poder Ciudadano, PRE, ID y Movimiento Uno. En este reparto de curules, el gobierno asumió el control de la mayoría y además ganó diez aliados y podrían subir a doce, al incluir dos disidentes de SP.
El jefe de bloque del SP, Galo Lara, reveló que PAIS pretendía imponer los nombres de los asambleístas de su partido incluyendo a los disidentes: Holguer Chávez y Romel Rivera, lo que estancó la sesión.
Lara amenazó con abandonar la sesión e incluso con no participar en el Congresillo si no se respetan los nombres de los delegados de SP. Esa tesis la sustentó porque PAIS excluyó de la lista para integrar la Comisión a Diana Acosta, Rossana Queirolo y Mónica Chuji, por no pertenecer al movimiento.
A las 22:15 la Asamblea se reinstaló y se aprobó incluir la nómina de los seleccionados en el debate sobre el estatuto de la Comisión Legislativa.
Trajano Andrade (PAIS), planteó un mandato constituyente para la conformación de la Comisión Legislativa. En el debate se planteó cambios al estatuto de funcionamiento sobre la forma de aprobar leyes y para aumentar a dos el número de asesores y un asistente para cada asambleísta.
Declaración de bienes
Los asambleístas tendrán 30 días para presentar en la Contraloría del Estado la declaración patrimonial juramentada que incluye activos y pasivos y la autorización para que de ser necesario se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.