Estas son la nueva Ley Minera, que ha generado resistencia en los sectores indígenas y cuyo plazo de aprobación es fijado por el mandato del mismo nombre; y la Ley Financiera, que intenta crear una red de seguridad financiera y que ya fue presentada por el Ejecutivo antes de que la Constituyente concluya la elaboración de la Constitución.
A esto se suman los primeros requerimientos del Ejecutivo: la reforma al artículo 139 de la Ley de Tránsito, para que los informales puedan vender sus productos en los buses; la ley de Empresas Públicas, que está prácticamente lista; y la Ley Orgánica Ambiental.
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No se descarta avanzar en la elaboración de otros proyectos de ley para, si alcanzan, aprobarlos, y si no, dejarlos para la nueva Asamblea Nacional.
En la Asamblea aún no se conoce el orden en el que serán abordados los proyectos por el pleno del Congresillo.