La Contraloría cuestiona que la web de la Constituyente no tenga datos de todos los asesores.
El trámite de pagos de remuneraciones a favor de los asesores, con informes sin firmas de legalización, firmados por otros servidores o sin la autorización de los asambleístas, son algunas de las irregularidades en el manejo de los recursos públicos en la Asamblea Constituyente hallados por la Contraloría General del Estado.
A estas se suman los casos de “inconformidad de firmas” registrados en el Informe Técnico Pericial, que sirvió de sustento a ese organismo de control para elaborar el “Examen Especial a los procesos de contratación y pagos de honorarios y remuneraciones a los asesores de la Asamblea entre el 29 de noviembre de 2007 y el 05 de junio del 2008”.
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En un “Comunicado de resultados provisionales”, de 31 páginas, al que tuvo acceso este Diario, enviado a Alberto Acosta (PAIS), como ex presidente de la Asamblea, el 21 de julio pasado, la Contraloría revela que los informes de los asesores de 20 asambleístas no fueron suscritos por ellos.
En la lista, la mayoría son de PAIS, incluido el ex presidente Fernando Cordero, y el resto de PK, PSP, Prian y un independiente.
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El informe de febrero del asesor de Cordero, Javier Encalada, consta “sin firma de aprobación” (ver recuadro).
En los cuatro primeros meses de este año se aportó y pagó en exceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 643.231,70 dólares, considerando el 100% de la remuneración sin observar las disposiciones legales.
En mayo se corrigió el procedimiento y se pagó de acuerdo a la Ley; el director Administrativo de la Asamblea, Francisco Torres, señala esto como un “lapsus cálami” y dice que se “inició el proceso de recuperación de lo pagado”.
Pero, según Contraloría, dicho proceso “no tiene informe favorable del IESS”.
Además, se determinaron diferencias por 33.127 dólares en el pago de movilización y vivienda para asesores y asistentes del personal administrativo. Al respecto, Torres admite que fue un “error” y que se procedió a la recuperación. Pero, la Contraloría agrega que falta por descontar 20.527 dólares.
Continuando con los asesores, el informe de Contraloría también constata que: informes de tres asesores pertenecientes a César Rohón (PSC), Jaime Ruiz (PAIS) y Beatriz Tola (PAIS) contienen firmas de otros, señalando “por”.
Luego, constan tres asesores de Jorge Julián García (Prian), Diana Acosta (antes de PAIS) y María Paula Romo (PAIS) que no tienen título profesional, tal como lo estipulaba el “Manual de Clasificación de Puestos” y otros diez más, cuyos expedientes no adjudican sustento de formación profesional.
El “Comunicado de Resultados Preliminares” de la Contraloría inicia señalando el incumplimiento por parte de la Asamblea de publicar todos los nombres de los asesores en la página web, como lo había establecido el Pleno al aprobar el artículo 64 del Reglamento de Funcionamiento de la Constituyente.
Un total de 58 asesores, pertenecientes a 45 asambleístas de todas las tiendas políticas, no están registrados dentro del enlace “Transparencia”, en la página web de la Asamblea (www.asambleaconstituyente.gov.ec).
El Departamento de Tecnología justificó esta falencia diciendo que existe otra “herramienta tecnológica” para mantener el registro histórico de todo el personal; pero, la Contraloría recalca que se incumplió el Reglamento.
El informe de la Contraloría ya está en manos del fiscal general, Washington Pesántez, desde el pasado jueves.
El funcionario ordenó iniciar una indagación previa para determinar la veracidad de los hechos relatados.
Página 6
Informe dirigido a Alberto
Acosta el 21 de julio
“Es responsabilidad de los asambleístas escoger sus asesores, solicitar al Presidente de la Asamblea la contratación, aprobar los informes mensuales de actividades (...) concentrándose en el o la asambleísta todo el proceso de selección, contratación y control de prestación de servicios de asesoría”.