Los asesores de al menos diez asambleístas de PAIS están involucrados en irregularidades por firmas que se detectaron de acuerdo al informe técnico pericial que la Contraloría General del Estado contrató dentro del examen especial a los procesos de contratación y pago de honorarios y remuneraciones de los asesores y asistentes de los asambleístas en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre del 2007 y el 5 de junio del 2008.
Asesores de tres asambleístas del PRIAN, dos de SP, uno del PRE y dos de PK también constan en la lista de personas cuyas firmas “no guardan comunidad de conformación de estructura morfológica” entre sí, es decir, que no son iguales, pese a pertenecer a la misma persona (ver cuadro).
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El abogado criminalístico Carlos Echeverría, quien como perito acreditado del Ministerio Público se encargó de realizar el informe técnico pericial, se negó a explicar o dar detalles sobre el informe que hizo. “Yo fui contratado por la Contraloría (...) He presentado un informe (...) En ese punto la fuente es la Contraloría no soy yo (...) Trabajo ya 20 años haciendo peritaje y no puedo dar este tipo de información y declaración”, expresó Echeverría.
El informe pericial fue uno de los sustentos en los que se basó la Contraloría General del Estado para elaborar su examen especial, cuyo informe fue entregado semanas atrás al ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), quien el pasado 19 de agosto se negó a hacerlo público hasta que el pleno se instale nuevamente.
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En una declaración posterior Cordero expresó que “no es un tema grave, como para que no se pueda aceptar una demora de 40 días más” y agregó que lo máximo que podría ocurrir si se llega a comprobar alguna irregularidad es que los asesores involucrados tengan que devolver el dinero.
Pero, para Fernando Balda (ex militante de las bases de PAIS y ahora opositor al régimen), a quien le llegó el informe pericial de forma anónima, las cosas no son tan simples, porque si existió falsificación de firmas para cobrar honorarios, están inmersos recursos del Estado y eso significa “peculado”, reprimido en el artículo 257 del Código Penal con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.
“Cordero no puede haber tomado con tanta ligereza este asunto, tenía la responsabilidad de exigir al contralor que siga con el debido proceso para la indagación de este peritaje; el contralor no debe lavarse las manos y dejar las responsabilidad a otro, él tiene la facultad de oficiar a la Fiscalía y, el Procurador, como abogado del Estado, debe también pedirle al Fiscal que inicie un proceso”, expresó Balda.
Gilberto Guamangate, ex asambleísta de PK, reconoció que Mauricio Barros Adriano fue su asesor y agregó que no conocía sobre el cambio de firmas que este último había realizado; aunque señala que los “justificativos” ya fueron presentados a la Contraloría en una especie de carta aclaratoria. “Hay un informe que me parece que ha pedido que le dé firmando una compañera o un compañero asesores (...) Ese día (el que tenía que firmar) estuvo (el asesor) en la ciudad de Quito y había que presentar el informe, si no presentaban no cobraban. Y yo le mandé a Quito a una reunión a la que yo no pude irme, le envié a él”, expresó Guamangate.
La Contraloría investigó las irregularidades por pedido de la Comisión Directiva de la Asamblea, a raíz de que el vocal Jorge Escala (MPD) denunció a Fausto Lupera (SP) por firmar solicitudes de pago de honorarios para una secretaria que no asistía a Ciudad Alfaro y vivía en Estados Unidos, desde enero del presente año.
Este caso también consta en el informe pericial.
DETALLES: Convocatoria
Solicitud
Fernando Cordero convocará a los 130 ex asambleístas para el 30 de septiembre en Quito. Entre los puntos del orden del día de la sesión ordinaria incluirá el análisis de la pro forma presupuestaria del 2009 y el informe de Contraloría. Esto lo anunció ayer luego de desvirtuar la denuncia de fraude ideológico que presentó el ex asambleísta León Roldós (RED), en la Fiscalía General, por supuestos cambios en los textos constitucionales.
