La Unión Demócrata Cristiana (UDC) exige que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordene la suspensión de la publicidad gubernamental.
Ayer, cerca de 20 personas se apostaron frente al máximo organismo electoral para con pancartas y pitos rechazar la impavidez del TSE ante la campaña emprendida por el presidente Rafael Correa a favor del Sí en el referéndum del 28 de septiembre.
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El presidente de la UDC, Diego Ordóñez, señaló que el Gobierno como en las tres campañas anteriores tiene ventaja porque utiliza la maquinaria estatal para su propio beneficio.
Ordóñez cuantificó el gasto del régimen en más de $ 2 millones e informó el envío de una queja por estos hechos a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión de América Latina para los Procesos Electorales, a la Unión Europea y al Centro Carter.
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En tanto, el movimiento Laicos Comprometidos, afín a la Iglesia católica, presentó ayer un análisis de los puntos que considera negativos en el proyecto de nueva Constitución.
Según Víctor Suárez, director de la agrupación, de 444 artículos, al menos 60 (el 15%) atentan contra los valores y principios de la sociedad.
Entre estos citó el 376 que limita la libertad de inversión; el 36 y 38, que no reconoce la muerte natural de los ancianos y, por tanto, deja la puerta abierta a la eutanasia; o el 34, que plantea la universalización del Seguro Social sin que esté claro cómo va a financiarse.
Suárez rechazó lo que dijo es una persecución contra monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal. “Estamos viendo que cualquiera que quiera hace oposición será acallada dentro o fuera del marco jurídico”.
