La etapa de investigación fue la más tortuosa, se elaboraron dos proyectos de excitativa fiscal, mientras que en la Corte Suprema de Justicia el juicio tiene 165 cuerpos que han pasado por dos presidentes y dos salas de la CSJ, sin que hasta ahora se defina el delito por el que se acusa a los hermanos Isaías Dassum. Reactivación. Entre el 26 de junio y el 7 de julio se tomaron, en la cúpula del Gobierno, importantes decisiones para que la AGD incaute más de 200 empresas a las que se vincula con los hermanos Isaías Dassum. Procesos judiciales, informes, excitativas fiscales y decenas de cuerpos legales relacionados con la quiebra de Filanbanco permanecieron represados o sin efecto en la Fiscalía, Corte Suprema, Agencia de Garantía de Depósitos, Superintendencia de Bancos y otros entes.
Dieciséis gerentes de la AGD, ocho superintendentes de Bancos han conocido el caso que, según algunos involucrados, ha tenido influencia política.
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El martes pasado, con la venia del presidente Rafael Correa, se incautaron casi 200 empresas para ‘cobrarles’ a los hermanos Isaías.
De todos los casos de la crisis bancaria de 1998-1999, el de Filanbanco fue el que más se dilató, el más problemático para investigar por las presiones externas que tuvo que afrontar la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía, según varios funcionarios y documentos a los que accedió este Diario.
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Y casi lo mismo ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el proceso, que se inició en el año 2000, sigue estancado hasta ahora.
Meses después de que Filanbanco pasara a ser administrado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en diciembre de 1998, el único organismo que estaba investigando el caso era la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC).
Ramiro Larrea, presidente de la CCCC, concurrió varias veces a la Fiscalía a fines de 1999 y pidió que se tomaran en cuenta sus investigaciones y se realizara una excitativa para que actuaran los jueces penales, pues consideraba que se habían desviado fondos de los préstamos de liquidez dados a Filanbanco por parte de sus propietarios, los hermanos Roberto y William Isaías Dassum.
Según miembros de la Unidad, la ministra fiscal de la Nación, Mariana Yépez, exigía tener datos más contundentes para redactar la excitativa que permitiría iniciar un juicio.
En la Unidad trabajaban Fernando Navarrete, Galo del Pozo, Fabián Almeida, Jaime Bedón, Rafael Pico y los oficiales de la Policía Jorge Ribadeneira e Iván Velasco. Este equipo tenía la intención de realizar un borrador de excitativa, en enero del 2000, en la que se pedía la captura de doce ejecutivos de Filanbanco.
Ahí comenzó la presión. La primera semana de febrero, una comisión de Filanbanco encabezada por Julio Plaza pidió una reunión con ellos. Plaza era uno de los funcionarios más cercanos a William Isaías en Filanbanco-Quito. Plaza continuaba en el banco como parte de la administración AGD.
En la cita, la comisión de Filanbanco llevó diapositivas en power point en las que supuestamente se demostraba que la administración privada del banco no había cometido ningún delito. La fiscal Yépez sabía de esta reunión.
El power point no convenció a los investigadores. El 28 de febrero, Fabián Almeida le presentó un borrador de excitativa a Yépez, que no se efectivizó porque esta última pedía datos más sólidos. En una entrevista concedida por Almeida a este Diario, en junio de 2006, dijo que Yépez le manifestó en ese entonces que no era el poder de los ex accionistas el que le preocupaba, sino las jugadas políticas que podía hacer Juan Franco Porras, ex gerente de Filanbanco, cuyo hermano, José Joaquín, era diputado alterno de Xavier Neira (PSC). El cargo de fiscal general es designado por el Congreso, que también puede destituir a este funcionario.
En marzo del 2000, a un año de haberse realizado las primeras investigaciones de la CCCC, Yépez permitió que una comisión de la Unidad fuera a investigar al banco in situ, en Guayaquil, del 3 al 7 de abril.
Allí estuvieron Fernando Navarrete y Galo del Pozo, quien ya había trabajado en el caso del Banco Continental. Sin embargo, el clamor de los miembros de la Unidad era que un juez fuera con ellos, lo que no ocurrió.
La primera presunción de Del Pozo y Navarrete fue haber descifrado el porqué de la argumentación de la defensa de Filanbanco, que decía que, de acuerdo a un análisis global de ingresos y egresos, el banco no había gastado los préstamos de liquidez del BCE. Según los investigadores de la Unidad, lograron documentar casos concretos de que se había usado el flujo de los créditos para dar nuevos préstamos a terceros, lo que suponían era un delito.
El otro pedido de la Unidad era que al finalizar el trabajo se detuviera al contador del banco, Leonardo Navas Banchón, para que diera los datos más relevantes, con los que se pudiera proceder a acusar a los directivos.
Finalmente, el 10 de abril se elaboró otro borrador de excitativa fiscal. Este fue realizado por Fabián Almeida y José Ramón, quien había sido nombrado director de la Unidad cuatro días antes. Por exigencia del entonces ministro fiscal de Pichincha, Washington Pesántez (ahora fiscal general), se debía acusar a los hermanos William y Roberto Isaías, así como al gerente Juan Franco Porras.
El hecho fue que la excitativa que debía tramitarse en Guayaquil no llegó a concretarse, porque nunca apareció en esa ciudad quien llevaba el documento para que lo firmara el fiscal de Guayas, John Birkett. Mientras, la fiscal Yépez había viajado a Bogotá por un asunto personal, y tanto los hermanos Isaías como Juan Franco Porras se fugaron; los primeros a Miami y Franco, a Colombia.
Sin embargo, dos semanas después ocurrió algo que cambió la perspectiva de los miembros de la Unidad. Mariana Yépez los reunió en una sala de la Fiscalía con dos personas. A la una la conocían, era un tramitador; a la otra, no. Almeida asegura que la fiscal Yépez señaló al personaje desconocido y les dijo: “Señores, es el doctor Juan Franco Porras, ustedes ya saben quién es esta persona, les dejo con él”.
La reunión duró 45 minutos. En ella trataron de convencer a la Unidad de la legalidad de los actos de los administradores privados de Filanbanco. “Recuerdo que tenía una característica en su forma de exponer, porque hacía esquemas y los dibujaba al revés, para que las personas que estuvieran frente a él pudieran leer”, agrega.
Los miembros de la Unidad dicen que fueron suficientemente evidentes los detalles para darse cuenta de que el mismo día 10 de abril del 2000, cuando redactaron la excitativa, se había caído el caso.
Solo el viernes 16 de julio del 2000 la fiscal Yépez envió la excitativa fiscal, con una avalancha de documentos que le había enviado el entonces superintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, acusando de peculado a los directivos del banco y a los ex superintendentes de Bancos, Jorge Morillo Battle y Jorge Egas Peña.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico, abrió el autocabeza de proceso y empezó así el juicio 57-2000, el 26 de junio del 2000, en el que se incluyeron las acusaciones a otras 14 personas más, entre directivos del BCE, funcionarios de la AGD y empleados de Filanbanco.
El 20 de noviembre del 2002, la fiscal Yépez desestimó el peculado y lo cambió a falsificación de documentos. Solo el 19 de marzo de 2003, Armando Bermeo, quien era presidente de la CSJ, no acogió este pedido y llamó a juicio plenario (cuando el juez tiene evidencias del cometimiento del delito) por peculado.
Los acusados apelaron y el 14 de mayo se les concedió ese recurso. Desde esa instancia el juicio ha pasado estancado. Si la sala desestima el llamado a juicio plenario, los acusados podrán retornar al país, pero si ratifican la providencia de Bermeo, el juicio quedará en suspenso, ya que el Código Penal de 1983 (con el que fue iniciado el juicio) no permite que se dicte sentencia si el acusado no está presente.
Uno de los argumentos más utilizados en la defensa es que las autoridades respectivas no habían identificado las posibles pérdidas de Filanbanco hasta el 2 de diciembre de 1998, cuando salió la administración privada. Sin embargo, una auditoría de la firma Deloitte & Touche, del 8 de mayo del 2001, determinó las pérdidas de Filanbanco en más de 600 millones de dólares y solo fue aprobado por la Junta Bancaria el 26 de febrero de 2008.
La inacción política de tres presidentes de la República y de las diferentes autoridades de control permitió que durante un lapso de seis años y ocho meses no se determinara el hueco de Filanbanco.
Cambios constantes
Por la Superintendencia de Bancos pasaron 10 funcionarios que coincidieron con el caso Filanbanco.
Superintendentes
Juan Falconí Puig (abril-noviembre 2000), Alejandro Maldonado (noviembre 2000-abril-2001), Miguel Dávila Castillo (abril 2001-enero 2003), Óscar Andrade Veloz (enero 2003-marzo 2003), Alejandro Maldonado (marzo 2003-noviembre 2005), Alberto Chiriboga (diciembre 2005-enero-2006), Germánico Maya (enero 2006-marzo 2006), Alberto Chiriboga (marzo 2006-febrero 2007), Alfredo Vergara (marzo 2007-noviembre 2007), Gloria Sabando (noviembre 2007-hasta la fecha).