Es indudable que el presidente Rafael Correa tiene una fijación con dos series de números: la de precios de alimentos y la de las encuestas. Solo así puede entenderse algunas de las decisiones tomadas en el campo de la política agropecuaria. Por un lado, se establece un programa de subsidios de hasta 240 dólares por productor de alimentos, se busca eximir a los productores del impuesto a las tierras durante los años 2008 y 2009, se elimina el IVA a insumos y bienes de capital para la agricultura. Es un primer paso, no se puede desconocer, pequeño eso sí y no necesariamente ataca los problemas reales de productividad en el sector agropecuario. Nada se dice sobre cambios en temas críticos de la baja productividad agropecuaria:
investigación y asistencia técnica, semillas, asociativismo y sanidad agropecuaria. Y curiosamente la institución a cargo es el Banco de Fomento, el Magap cumple apenas una función de control aleatorio de beneficiarios y de determinación de la lista de agroquímicos beneficiados. No se fortalecen las instituciones específicas del sector, se las relega a durmientes.
Por otro lado, se condiciona la continuidad de estas políticas de apoyo a que los productores bajen los precios a aquellos que el gobierno por sí y ante sí establece como los adecuados. Pórtense bien y bajen los precios y les seguiremos apoyando parece ser el mensaje. No acabo de entender, por ejemplo, por qué no se dio un mensaje alternativo a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano: les subimos el bono pero acepten los precios más altos de los alimentos. Me da la impresión que los productores agropecuarios, pequeños y medianos en su mayoría y la población rural, no tienen la misma prioridad que los consumidores urbanos.
Los productores arroceros intentaron demostrar que los costos de producción eran más altos que los que presentaron los técnicos gubernamentales, facturas a la mano. El Gobierno hizo caso omiso a los razonamientos de los arroceros y fijó un precio de venta del arroz en el Banco Nacional de Fomento (BNF) en 25 dólares, con la idea de que los consumidores compren el arroz en alrededor de 28 dólares. Para ello, el BNF está montando un sistema de compra de arroz a las piladoras y un sistema de distribución a minoristas. Curiosas funciones para un organismo cuya finalidad es el crédito y sobre lo cual no dejan de presentarse reclamos.
Adicionalmente el Gobierno prohibió la exportación de arroz y previsiblemente lo hará con otros productos como el maíz. Con estas medidas, el Gobierno busca presionar el mercado de tal manera que los volúmenes cosechados, sin una infraestructura de almacenamiento adecuada, terminen presionando los precios para abajo. No se considera que esto puede afectar en el mediano y largo plazo a los circuitos comerciales de la gramínea ecuatoriana y que tradicionalmente equilibra los precios a los productores. El riesgo está en que Colombia busque de hoy en adelante otros abastecedores y deje de contar con Ecuador.
Pero más allá de esto, estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria: la de volvernos un gran abastecedor agropecuario de la región con un efecto positivo sobre todos quienes se relacionan a la producción de alimentos. Debe pensarse que en una cadena como el arroz participan miles de ecuatorianos: productores, trabajadores agrícolas, piladores y sus trabajadores, comerciantes, vendedores de insumos, proveedores de servicios productivos y personales a los trabajadores y productores y sus familias. Pero ello requiere mirar el largo plazo del país y no las encuestas.