Acosta –que hace varias semanas había anunciado un valor de $ 30 millones– aclaró ayer que incluso el costo preliminar llegaba a $ 43 millones, pero que se hicieron recortes.
El presupuesto fue entregado a la Comisión Económica para que haga las últimas observaciones antes de que el pleno lo apruebe en los próximos días.
Publicidad
Según el TSE, cada voto costará de $ 5 a $ 6, tomando en cuenta a seis millones de electores y descartando el 30% del padrón electoral, que es el promedio del ausentismo. “En países vecinos cuesta entre $ 18 y $ 28 por votante”, dijo Acosta.
No obstante, las fechas de la convocatoria a elecciones y el inicio de la campaña todavía no están definidas, debido a que la Asamblea Constituyente no aprueba el mandato electoral y el reglamento del proceso.
Publicidad
René Maugé, vicepresidente del TSE, advirtió que solo en base a ese documento se realizará la planificación y se definirán los plazos.
“En caso de que la Asamblea Constituyente no apruebe el mandato con un reglamento para el plebiscito, será el TSE, como faculta la Ley, el encargado de crearlo”, señaló Maugé.
Las fechas tentativas para el referéndum son el 21 o 28 de septiembre próximo.
Una preocupación que tiene el organismo electoral es la denuncia presentada por el director del Registro Civil, César Frixone, de que existen 492.000 cédulas falsificadas.
“El pleno resolvió mandar a la Fiscalía este caso para que inicie una indagación. El señor Frixone tiene que explicar y comprobar el supuesto delito”, dijo Acosta.
El Registro Civil tiene la obligación legal de entregar dos meses antes del plebiscito el padrón electoral actualizado.
De acuerdo con las cifras del Tribunal, se destinarán $ 500 mil al monitoreo y control del gasto electoral del referéndum; mientras que para la campaña de motivación al voto (difusión del contenido constitucional) se entregarán $ 5 millones.
“Lo que sí podemos adelantar es la campaña informativa cívica de lo que es el referéndum, la Constitución, su importancia, los derechos y obligaciones del Estado”, dijo Maugé. A su vez, Jorge Acosta insistió en que no se puede realizar campaña por el Sí ni por el No.
“Hace dos meses, el pleno emitió una resolución donde se dispuso a las unidades provinciales del gasto electoral que empiecen con el monitoreo y la cuantificación de aquellos gastos que se hagan en estos días, para imputarlos a los montos de la campaña oficial”, dijo.
El límite del gasto electoral para el referéndum todavía no ha sido establecido.