El Gobierno ecuatoriano planea emitir bonos de responsabilidad para garantizar los aportes de extranjeros y dejar el petróleo en tierra en el ITT. Si algún momento se incumple el compromiso, estos se convertirían en deuda externa. El procedimiento aún no está definido y se ha establecido un plazo hasta octubre próximo.
La emisión de bonos de responsabilidad que se convertirían en deuda externa si el Ecuador irrespeta su palabra, surge como una alternativa del Gobierno para sustentar la Iniciativa Yasuní, que busca dejar casi mil millones de barriles de petróleo en tierra en el campo Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), en el Parque Nacional Yasuní, si el mundo aporta al menos 350 millones anuales.
Ese es uno de los aspectos que contempla el denominado Plan Integral, cuya elaboración está por concluir y que debe considerar incluso el destino específico de los fondos. Aún no hay ofertas concretas, pero el presidente Rafael Correa amplió el plazo de captación hasta octubre. Caso contrario se licita.
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Los ambientalistas se quejan por las indefiniciones, mientras que los pobladores de unas 80 comunidades aledañas al Yasuní dicen que más les preocupa las necesidades básicas insatisfechas.
El río caudaloso de aguas chocolatadas corre semidormido. Culebrea entre árboles; la espesa selva parece inclinarse a sus orillas, el río les da vida. Aquí, en uno de los linderos del Parque Nacional Yasuní, que involucra territorios de Napo y Orellana hasta la frontera con Perú, se siente al máximo la generosidad de la naturaleza.
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El río, bautizado por los ancestros como Shiripuno, avanza hacia el corazón del Yasuní, reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera y que en sus entrañas guarda una gran biodiversidad y a dos tribus no contactadas: tagaeri y taromenane. Adentro, en la profundidad, también está la más grande reserva de petróleo del Ecuador: el eje Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), donde se estima hay de 920 millones a mil millones de barriles.
Por la importancia del sitio, el presidente Rafael Correa, acogiendo la idea del hoy presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y de grupos ambientalistas, anunció en abril del 2007 la puesta en marcha de la Iniciativa Yasuní, que busca financiamiento mundial de unos $ 350 millones anuales para no explotar el ITT. Aunque también puso en marcha la licitación para explotar el crudo, si no existen fondos. Correa fijó como plazo el próximo 5 de junio; ahora amplió hasta el 5 de octubre.
A fines del año pasado se creó la Secretaría Técnica. Su titular, Juana Ramos, indica que esta entidad promociona la iniciativa y orienta el proceso, pero está por culminar el denominado plan integral que define, entre otras cuestiones, a dónde irán los recursos que entreguen gobiernos y organizaciones a condición de que no se explote el crudo.
Inicialmente hay tres ejes de inversión: transición energética, para que el país deje de depender del petróleo y busque alternativas; protección ambiental, especialmente del Yasuní, y obras sociales, aún no determinadas por tipo ni lugar.
Juana Ramos destaca que en los próximos días se realizará una reunión donde los ministros de Ambiente, Salud, Educación, Turismo, Inclusión Social, Gobierno y Relaciones Exteriores definirán cuáles serían las áreas por invertir. Hasta ahora no hay un diagnóstico de las comunidades adyacentes al Yasuní.
Ramos afirma que para garantizar la factibilidad y duración de la iniciativa, se ha definido la emisión de bonos de responsabilidad, que se convertirían en deuda externa si el Estado, representado por el Gobierno de turno, no respeta el compromiso. Al momento, la emisión está en estudio en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Dice que hay interés mundial, aunque no ofertas de dinero concretas. Existe un fideicomiso nacional y se ha pedido que la Unión Europea haga de fiduciaria internacional para las donaciones. “En 30 o 45 días se harán anuncios concretos de financiación”, dice Ramos.
Pero si bien el presidente Correa parece mostrar un genuino interés en la iniciativa e incluso en su gira a Europa, hace dos semanas, la promocionó, algunas de sus decisiones en materia ambiental envían señales confusas a los países que podrían interesarse en apoyarla.
“La entrega de la licencia ambiental para Petrobras, que opera el bloque 31 dentro del Yasuní, vecino del ITT, fue un balde de agua fría para la comunidad internacional que interpretó esto como que sí habrá explotación del petróleo”, dice Luis Corral, miembro de la agrupación Amazonía por la Vida, uno de los grupos impulsores del proyecto.
Esa entidad es parte de Acción Ecológica, que hasta hace poco tenía como directora a Esperanza Martínez, hoy asesora de Alberto Acosta en la Asamblea, y que fue cuestionada por Correa porque, según él, “no responde al proyecto político de PAIS”. Corral señala que, desde la Secretaría Técnica dirigida por Juana Ramos (alterna de Acosta) se han diseñado mecanismos de financiamiento que no son “políticamente correctos”.
La propuesta original apuntaba a obtener una compensación para evitar el calentamiento global, sin condicionamientos, pero ahora se habla de canjes de deuda. Tampoco está claro si la figura de la "venta de bienes y servicios ambientales" (beneficio de reducir las emisiones de dióxido de carbono) generará algún derecho sobre la biodiversidad del país en los titulares de los "bonos de carbono".
La abogada ambientalista Inés Manzano expresa que el régimen no puede presentarse ante los foros internacionales para pedir apoyo a la Iniciativa
Yasuní si no fortalece, primero, los convenios para la protección del medio ambiente, sobre todo el control de la deforestación.
Mientras esto sucede, en la cabecera del río Shiripuno está Manuel Cahuiya, líder de Ñoneno, una de las 38 comunidades de indígenas huaorani asentadas en su mayor parte en el interior de la reserva. Está furioso. Cerca de su comunidad se instaló hace dos meses un centro de vigilancia que, entre otras cosas, impide la salida de madera del Yasuní y áreas aledañas.
“Ya no saca marera (madera). Marereros se fueron y nadie da nada. No tenemos para comer; guaguas están enfermos; no hay gasolina para motor de canoa y gente no puede salir”, se queja el líder huao, quien cobraba hasta $ 1.000 mensuales a los madereros, especialmente colombianos, que por su comunidad accedían a la reserva para extraer cedro rojo y caoba.
A Cahuiya casi no le interesa la Iniciativa Yasuní para dejar el petróleo en tierra. Solo piensa en conseguir dinero para sus gastos, pues no posee ninguna otra forma de obtener ingresos. Igual realidad la tienen sus hermanos huao. O venden madera aliándose con los explotadores o consiguen trabajo como obreros en las compañías petroleras.
Tampoco le llama la atención a José María Aguilar, tesorero de la comunidad Andina, ubicada a 100 km de Coca y cercana al Parque Nacional Yasuní. “Ahora que sacan petróleo de toda esta zona no nos atienden, peor será después con eso del ITT. Nosotros, los campesinos, somos olvidados, no tenemos de qué vivir. Hasta la madera ya prohíben sacarla”, comenta Aguilar. Explica que para explotar el bosque en zonas no incluidas en la reserva deben presentar un plan de manejo cuyo costo es de $ 2.000 para sacar 200 m³ y obtener el doble de dinero.
En Andina residen unos 150 campesinos, a quienes se los denomina colonos y que llegaron de provincias de la Costa y Sierra hace 20 o 30 años. Viven, en su mayoría, en casas de tablas. No poseen trabajo fijo y cuidan animales domésticos. Los servicios básicos son una quimera.
Inés Arango, Loma del Tigre, Armadillo y al menos cuarenta comunidades de colonos se asientan en los bordes del Yasuní. La mayor parte se asemeja a la Andina y sus pobladores tienen las mismas necesidades.
“La gente alrededor del Yasuní vive en extrema pobreza. Cada familia obtiene un promedio de $ 60 al mes. Lo único que esperan es que las petroleras les den trabajo para ganar $ 300 mensuales. Esas necesidades provocan más presión al área protegida”, dice José Rodríguez, técnico del proyecto Bosque.
Ese proyecto es financiado por la Unión Europea y lo ejecuta Solidaridad Internacional, una ONG. En las comunidades aledañas al Yasuní establece datos sobre lo que se extrae y sobre la forma de vida de los pobladores. Rodríguez dice que han establecido que la extracción de madera de áreas cercanas al Parque, con permiso del Ministerio de Ambiente, ha ido en aumento cada año. En el 2005 salieron 40 mil metros cúbicos; en el 2006, 80 mil; en el 2007, 110 mil.
Eduardo Pichilingue, coordinador del centro de monitoreo de la zona intangible en la cabecera del río Shiripuno, a 108 km de Coca, reconoce que en toda la zona ha habido una ausencia absoluta del Estado, que solo se ha extraído petróleo pero no cubierto las necesidades básicas de la gente. Por eso considera que si se consiguen recursos para dejar el petróleo represado en el ITT, debe priorizarse la atención a estas poblaciones.
Enrique Elizalde, jefe de educación ambiental del Municipio de Orellana, es incrédulo sobre los resultados de esta campaña. “El Gobierno pide financiar, pero nosotros creemos que es una propaganda política; sabemos que tarde o temprano se va a explotar el ITT”, menciona. Por esta razón, el próximo jueves habrá una caravana estudiantil ambiental en Coca. “Queremos decir que que no se explote el Yasuní en forma definitiva”.
La iniciativa del ITT despierta expectativa en la prensa europea. Estos días, un equipo del canal Italia 1 Mediaset recorre el Yasuní. El periodista Matteo Viviani afirma que se debe concienciar al mundo que la lucha ambiental es una prioridad.
El eje ITT
Antecedentes
1980-1990
Petroecuador inicia exploración.
30 de junio de 1993
Petroproducción descubre que el eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) posee reservas de 1.000 millones de barriles.
2001-2002
Se perforan dos pozos para certificar las reservas.
Junio del 2007
El directorio de Petroecuador decide no explotar el ITT por estar en medio del Parque Yasuní.
Octubre del 2008
Termina el plazo impuesto por el Gobierno para conseguir los $350 millones anuales para dejar el petróleo en tierra. Si no se logra, inmediatamente se convocará a licitación para su explotación.